Las elecciones que consagraron a Alberto Fernández como presidente de los argentinos dieron cuenta de la validez del acertijo, y en su resolución se basó la estrategia de Fernández para derrotar la conjura conservadora que había puesto el país al borde de la enajenación patrimonial y del estallido social. Cornisa que seguimos transitando.
Y hubo dos provincias que hubieran servido de ejemplo para ofrecerle al periodista madrileño para demostrarle lo complicado que es para un no-argentino entender lo que ocurre en el país: Córdoba y Entre Ríos.
En primer lugar la provincia mediterránea gobernada por un ‘peronista’, Juan Schiaretti, que trabajó intensa y exitosamente sobre su electorado para que éste no votara el candidato ‘peronista’ y votara a su oponente ‘no peronista’, Mauricio Macri. Situación aparentemente incomprensible que se torna comprensible si nos enteramos que Schiaretti fue gerente de una de las empresas de los Macri, empleado de SOCMA, incluso uno de los artífices de uno de los tantos escándalos de corrupción que han ocurrido en nuestro país, cuando esta familia, los Macri, crearon una empresa en Montevideo(ROU), Opalsen SA, para triangular automóviles fabricados en nuestro país desvirtuando un acuerdo de comercio entre Uruguay y Argentina que favorecía impositivamente los productos manufacturados fabricados por nuestros vecinos. Escándalo que terminó con una mega causa en la justicia por contrabando, causa de cuyas consecuencias legales la familia Macri se salvó porque un presidente ‘peronista,’ el insigne riojano, los indultó.
Ahora bien ¿Cómo se entiende que Juan Schiaretti llegase a ser el conductor del peronismo cordobés? La respuesta es fácil y la dio Perón hace más de medio siglo: ‘Ah, en Argentina son todos peronistas’.
El caso de Entre Ríos es más sutil, porque el gobernador Gustavo Bordet no es ni ha sido (al menos que sea público) empleado de los Macri. Pero Bordet al igual que Schiaretti ha operado localmente para impulsar todas las políticas del gobierno de Macri, incluso aquellas que lo obligaron a mentir y desdecir sus propias palabras como fue su salto retórico de 180 grados cuando pasó de la promesa inaugural de su gobierno:…”No permitiré que ningún tronco salga sin elaborar de la provincia”[i]para luego, en sintonía con lo que le requirió Macri, hacer exactamente lo contrario, derogar la Ley de la Madera, habilitar la exportación de rollizos sin elaborar, incluido a la empresa UPM (ayer BOTNIA) contra la que lucho todo el pueblo de la provincia y finalmente y en consecuencia destruir la industria de aserrado local, mayoritariamente Pymes destrozadas por las políticas de Macri. Y la corona de su defección en el apoyo a la fórmula Fernández Fernández cuando última la campaña electoral, en la que Bordet paralizó al partido en la provincia no participando ni promoviendo ningún acto de apoyo a la fórmula ganadora, incluso demorando hasta último momento, 48 horas antes, la distribución de las boletas partidarias, para dar tiempo a que el partido opositor empapelara la provincia con la suyas. Como resultado de su defección, la provincia de Entre Ríos terminó ‘regalándole’ dos senadurías, de las tres posibles, a Macri, poniendo en riesgo la gobernabilidad futura de Fernández que necesita del respaldo parlamentario a sus iniciativas legislativas.
¿Y LA CARU?
La CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay, es el organismo binacional que regula, entre otras cosas, los efluentes que ambos países arrojan en el río. O sea el organismo que podría defendernos a ambos países de la agresiones antrópicas que sufre por los detritus industriales de las empresas alojadas en su cauce. En buen romance: el que debería poner freno a los vertidos de UPM (BOTNIA) que están dando la estocada final a nuestro Río de los Pájaros.
La delegación uruguaya ante el organismo siempre fue un ‘brazo armado’ de la empresa finlandesa, a cargo de habilitar todos y cada uno de los desastres que esta produce, adaptando las reglamentaciones a las demandas de los finlandeses en contra de la protección del río. Baste como ejemplo, para no agobiar, cuando se vio que UPM, arrojaba el agua servida a mayor temperatura que la autorizada por DINAMA –Dirección Nacional de Medio Ambiente (ROU), en lugar de exigirle que cumpliera, cambiaron la norma subiendo el parámetro hasta el valor que la empresa utilizaba.
Desde que se inició la operación de la empresa finlandesa en Fray Bentos, se han sucedido dos representaciones argentinas ante CARU, la primera presidida por el Ing. Hernán Orduna, quien enfrentó junto a sus delegados los embates de la empresa finlandesa vehiculizados por los delegados uruguayos que actuaban, como ya hemos señalado, como su brazo de choque. Luego, con el advenimiento de Macri como presidente de la Nación, la delegación de nuestro país fue reemplazada por una nueva, presidida por Mauro Vazón que comenzó a actuar en absoluta consonancia con los intereses dela empresa finlandesa, llegando al extremo de habilitar hace pocos días, una reforma ilegal al digesto que cambia todos los parámetros autorizados de vertidos al río, habilitando, tal ha sido denunciado por FUNDAVIDA, el volcado de líquidos cloacales si alguien así lo quisiera.
¿Y BORDET?
El gobernador de Entre Ríos, en lugar de reclamar la renuncia inmediata de los delegados puestos por MACRI, que están habilitando este desastre, actúa como si nada hubiera ocurrido en el país.
Por estos días se ha comenzado a hablar del remplazo de la autoridad en el organismo por un dirigente del peronismo entrerriano (son cargos muy apetecidos, porque están remunerados con miles de dólares, automóviles de alta gama con patente diplomática, pasaporte diplomático, secretarios y asesores, también remunerados en miles de dólares) pero también se habla que Vazón está tratando de quedarse en algún puesto dentro de CARU, porque no quiere perderse los generosos dólares de sus sueldos, lo que sería un agravio para quienes han dado dura lucha en la defensa del Río Uruguay y un desastre para el interés regional
