La norma, que entrará en vigor inmediatamente, también subraya que existirá el deber general de cooperar con la justicia cuando haya mandatos ejecutivos. Es decir, se terminó esconder las miserias con la escusa del «secreto pontificio» y las diócesis de cada país deberán proporcionar toda la documentación sobre los procesos y denuncias en curso que posean y que solicite la autoridad judicial. Algo que ya se había señalado con anterioridad, pero viene reforzado con esta ley. Andrea Tornielli, director editorial de la Santa Sede, lo resume así: «Los documentos no serán de dominio público pero, por ejemplo, se facilitará la posibilidad de una colaboración más concreta con el Estado, en el sentido de que la diócesis que tiene una documentación determinada ya no está ligada al secreto pontificio y puede decidir —como debe hacer— colaborar transmitiendo copia de la documentación también a la autoridad civil».
La nueva norma es un paso más en la apertura del actual pontificado al problema de los abusos a menores y uno de los aspectos que se reclamó en la cumbre dedicada al asunto en febrero. Además, va acompañada de la prohibición de imponer a las denuncias de las víctimas una obligación de silencio. Una idea que se retoma de una ley anterior, pero que aquí se subraya de nuevo. Otra de las novedades al levantar el secreto pontificio que el Vaticano todavía no ha explicado es el grado de acceso que tendrán las víctimas a la documentación de su caso. Hasta ahora, una vez concluidos los procesos administrativos, se encontraban ante un muro informativo y ni siquiera podían tener su sentencia físicamente. La nueva norma debería facilitar la posibilidad de revisar el archivo del caso, según ha confirmado el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Charles Scicluna.
Las víctimas celebran la decisión y creen que supondrá un punto de inflexión en el tratamiento y seguimiento de sus casos. El chileno Juan Carlos Cruz, una de las personas abusadas por el obispo Fernando Karadima, recuerda que “se venía pidiendo hace muchos años porque permitía que obispos y cardenales se escudaran detrás de esto para esconder crímenes espantosos”. “La iglesia chilena es un modelo de cómo hacer mal las cosas. Muchos obispos deberían estar en la cárcel, pero siento que se les acabó el carnaval de la oscuridad y ahora tiuenen que colaborar con la justicia, entregar los documentos y dejar de escudarse tras esta pared del secretismo”.
