La realidad golpeó a la puerta de Sergio Varisco; no esperó ni llegó hasta la etapa del reemplazo institucional. Paraná regada de basura sin recolectar, con graves deficiencias en los servicios, con pagos de sueldos en duda, con trabajadores municipales en retención de servicios por incumplimiento de compromisos políticos realizados en la campaña electoral, con centenares de contratados dados de baja por adelantado por un gobierno fracasado y en retirada, no son cuestiones que deban esperar de fallos judiciales para ser analizadas o valoradas.
En lo económico quebrada, en lo social en emergencia reconocida por ordenanza, en la relación con los vecinos ausente y administrativamente en desgobierno con Secretarios que ni siquiera concurren a sus oficinas, la Municipalidad del mayor conglomerado urbano de Entre Ríos, gobernada por Cambiemos -Varisco (UCR) y Etienot (PRO)- está colapsada, destruida.
En lo judicial hay dos aristas, una Federal, por vínculos con el narcotráfico y otra provincial, por los desmanejos administrativos incluidos desvíos de fondos millonarios para beneficio de una mutual privada, cuya liquidación se evitó por intervención de un concejal opositor y un funcionario de carrera que se negó a convalidarlo, aunque las resoluciones quedaron escritas en dos oportunidades. El desvío o malversación de fondos denunciado por el intendente electo, que compromete el futuro económico y financiero de la administración municipal y esta semana el más grave de los temas (en el fuero Federal) que contó con testimonios que parecen consolidar la previa presunción de vínculos con el jefe narco detenido, Tavi Celis, dan marco a los últimos días.
Franco Ledesma, un funcionario Municipal (Unidad 2), declaró ante el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) que el sindicado capo narco Daniel “Tavi” Celis, residente de la Unidad Penal, tenía fuerte influencia en las decisiones que se tomaban en esa dependencia y contó con detalle que desde la cárcel armó la lista Amarilla para competir por el comando del sindicato municipal, dando detalles tan llamativos como comprobables, que encendieron luces de alarma en los defensores.
Como en la audiencia anterior del juicio, Ledesma comentó que Fernanda Orundez Ayala, pareja de “Tavi” Celis al momento de la caída de la banda, también era empleada municipal de la Unidad 2, al igual que Renzo Bertana, “hijo del corazón” de Celis. Ambos formaban parte del Movimiento Vecinal Oeste, organización política creada por Celis. Otro de los imputados por pertenecer a la banda, Hernán Rivero, entró con un contrato de servicios en gestiones anteriores pero saltó a la Dirección de la Unidad Municipal con la administración Varisco.
Poco después Candela Carminio y Orlando Silveyra, también funcionarios de la Municipalidad, expusieron el caos administrativo y esto parece haber llevado al Tribunal a analizar la posibilidad de ampliar la cantidad de audiencias por semana y de testimonios que se tomarían.
Se narró cómo, al caer Celis en manos de la Justicia, se trató de desmantelar la Unidad municipal que comandaba, para lo que fue designado el Coronel (R) del Ejército Osvaldo Guidone, quien no pudo entrar al galpón de la Unidad por un buen tiempo yaq que un grupo sindical (que quería colocar al frente del organismo a uno de los suyos) se lo impedía. Hasta fue agredido por la pareja de un ex empleado del área, quien lo golpeó produciéndole heridas importantes.
El Tribunal y las partes interrogaron de diferentes modos a Candela Carminio, secretaria de Desarrollo Social municipal, para corroborar dichos de la ex de “Tavi” Celis, Luciana Lemos, quien al identificarse dijo ser empleada municipal «sin lugar de trabajo asignado» y como respuesta escucharon que Lemos era una de los 1500 empleados que tuvo la Secretaría y que lo único que recordaba era un pedido de traslado del que nunca presentó una nota escrita y que tenía «trabajo de territorio» por lo que no reportaba a una oficina en particular.
En cada declaración se sumaron nombres de funcionarios(as), hechos y acontecimientos que se tornan en extremo extensos de narrar, pero que seguramente darán como resultado nuevos llamados del tribunal para tomar testimonios, ratificar o rectificar dichos, todo lo cual ha regado de nervios y (lo que muchos temen) traiciones, no todas de origen político.
Los fiscales consideraron contundentes los testimonios y desecharon al menos diez de los testigos propuestos anteriormente, mientras que los defensores agregaron cuatro. Por ahora las audiencias seguirán siendo los lunes y martes. aunque se le pidió al tribunal que amplíe la cantidad de días y la cantidad de testimonios diarios, lo cual quedó a resolver la semana próxima.
Esta historia, lejos de estar cerrada parece profundizar el abismo judicial para la administración de Cambiemos, aunque recién en febrero comenzará la requisitoria provincial por los casos conocidos como «de la mutual Modelo» y no tiene fecha aún el tratamiento de las denuncias recientes.
