El beneficio implica un subsidio equivalente al 50% del mejor salario de los últimos seis meses que haya percibido el empleado despedido sin causa y, por lo tanto, pausible de ser indemnizado. Sin embargo existe un tope que para el mes de octubre se sitúa en los .280.
Por ese motivo, según difundió el portal especializado en empleo, Infogremiales, “en promedio es del orden del 15% del sueldo promedio de los activos”. Al mismo tiempo el beneficio es transitorio independientemente de la evolución de la situación laboral del beneficiario.
El mayor número de altas de este beneficio, según el mismo portal, “se produjo a partir de mayo de 2016 cuando empezó a superar los 10 mil mensuales. Y pegó otro salto en el primer trimestre de 2018, con la recesión. En abril pasado, las altas sumaron 15.976; en mayo, 13.927 y en junio, 14.860, según los datos oficiales».
Los alcanzados por esa prestación «cobran asignaciones familiares y cuentan con la cobertura de la obra social, mientras el período de cobro se reconoce como meses de servicios para la jubilación», detalló el portal.
Se trata de un indicador más del impacto que la crisis y la orientación social del gobierno de Cambiemos produjo sobre la clase trabajadora que fue quien tuvo que cargar con una fuerte transferencia de recursos en favor del bolsillo de las patronales.
De hecho, sólo en la industria, desde diciembre de 2015 se perdieron 140 mil empleos industriales y el desempleo escaló desde el 5,9% hasta un 10,6%. Se trata de 930 mil nuevos desempleados en poco menos de cuatro años aunque no todos ellos pueden tramitar el seguro que está reservado a los trabajadores bajo convenio privado. El empleo en negro en el período escaló hasta un 35% desde el 31,9% de diciembre de 2015.
