Con esta posición, ya transmitida a Buenos Aires, el FMI muestra dos conclusiones. La primera es que el stand by firmado en septiembre del año pasado “descarriló” y que se deberá discutir rápidamente con la Argentina luego de las elecciones del 27 de octubre el futuro de la relación. Más concretamente, un nuevo acuerdo con metas, compromisos y cronograma de desembolsos renovados. Y que estas negociaciones incluyan los planes de renegociación de deuda con los privados con el pasivo emitido bajo jurisdicción local y extranjera. Según la visión extraoficial del FMI, ese diálogo será con Alberto Fernández, salvo milagros electorales que desde Estados Unidos creen que no ocurrirán. Así se lo hicieron saber al candidato opositor en la reunión que el 26 de agosto mantuvieron en Buenos Aires, los enviados del FMI, el director gerente para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el responsable del caso argentino Roberto Cardarelli.
Desde ese encuentro los vínculos entre Washington y las oficinas de la calle México (donde Fernández elabora sus eventuales planes de gobierno), se afianzaron al punto de ser hoy casi diarios. En uno de estos, el organismo fue claro con los economistas albertistas: les inquieta la propuesta que le acercaron diferentes fondos de inversión con altos intereses en bonos en el país, y que se basa (tal como adelantó este diario) en una reprogramación de pagos sin quita y con una luz de años antes del pago de intereses. Según el cronograma de 2020, los vencimientos para el próximo ejercicio alcanzan los u$s25.000 millones, que se suman a otros u$s3.000 que habrá que pagar a organismos multilaterales y a más de u$s12.000 millones de necesidades fiscales, según las proyecciones del propio FMI. La inquietud de Washington ante la propuesta de los fondos internacionales es que no se encuadre en la lógica de sustentabilidad de la capacidad de pago general de la Argentina. Y, en consecuencia, no se puede discutir de manera separada sin el FMI interviniendo como actor fundamental.
Desde el albertismo se promete que la discusión será rápida con el organismo y que, si se cumplen los pronósticos electorales, ya en noviembre habrá contactos bilaterales sólidos con la persona que el propio Alberto Fernandez designe como negociador oficial. Este será alguien con experiencia en discusiones de este calibre y contactos con el mundo financiero internacional, quién actuará bajo la mirada directa del eventual próximo jefe de Estado. Desde Buenos Aires hacia Washington se descarta que habrá negociaciones duras y difíciles. Pero que debe descartarse que se harán de “buena fé” y con “seria voluntad de pago”. Inmediatamente después se repite el hit del albertismo: “Pero siempre con el horizonte de un país en crecimiento”.
Algunas voces económicas que acompañan a Alberto Fernández consideran esta posición del FMI como una preocupación ante la posibilidad que avancen luego de las elecciones, más rápido las negociaciones con los privados internacionales que con el propio FMI. Dudan también sobre la obligación de obedecer al organismo ante la necesidad de una negociación integral. Incluso, varios llegan a la conclusión de que el FMI en realidad está preocupado porque haya un acuerdo integral con los acreedores y que éste limite la capacidad de pago al propio Fondo; y que, en consecuencia éste termine aceptando un plan de mediano y largo plazo similar al que se firmó en 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Según esta visión, si existen posibilidades serias de cerrar la discusión con los acreedores externos y solucionar un problema de u$s100.000 millones, no habría que perder la oportunidad.
Por ahora, Alberto Fernández analiza todas las posibilidades. Y promete que desde el 28 de octubre el capítulo de la reestructuración de la deuda externa será prioritario y el que más rápidas definiciones traiga. Al menos en cuanto al plan de negociación general, y si se acepta, o no, la teoría del “bolsillo único” y de la negociación integral. Mientras tanto dedica parte de su tiempo a analizar el perfil de vencimientos para el próximo año. Una de las conclusiones a las que se llegó en la calle México es que los títulos más peligroso son los emitidos durante la gestión de Luis “Toto” Caputo.
