Una vez que se detecta la «infracción», se solicita a las entidades que informen de qué se trata la operación para evaluar con más profundidad cada caso y analizar si deben ser tener sanción sólo las personas que realizaron la compra o se debe incluir a la entidad financiera.
Aquellos que sean sumariados se verán imposibilitados de operar en el mercado de cambios y quedarán a disposición de la Ley Penal Cambiaria, que puede implicar penas de seis meses hasta ocho años de prisión para reincidentes.
Esto fue confirmado a los medios por el senador nacional Federico Pinedo, quien informó luego de una reunión con el elenco gobernante que tienen en la mira a quienes hayan saltado las restricciones cambiarias. «Si hay gente que le busca la vuelta para escaparse o para incumplir las reglas, por supuesto que se va a actuar», enfatizó, según el diario Clarín.
«Cuando hay un régimen cambiario, quien lo viola, incurre en una actividad que puede ser (un delito) penal», aclaró, antes de remarcar que «obviamente las autoridades van a actuar para evitar ese tipo de desvíos».
