La denuncia contra Fernández Garello fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en base a la información que se desprende de los legajos del archivo de la Dippba, que el organismo gestiona desde el 2001. Como agente de inteligencia, Garello participó en julio de 1981 de los procedimientos que terminaron en la detención ilegal y torturas de los militantes Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor. La prueba documental respecto de la participación del fiscal en aquellos operativos de la dictadura había llevado a la jueza del caso a llamar a declaración indagatoria a Fernández Garello, quien había minimizado su participación al responder que hacía simples “tareas administrativas”.
En paralelo a la investigación judicial, la CPM solicitó el jury de enjuiciamiento contra el fiscal ahora procesado por la gravedad de las delitos en las que estaba implicado. Sin embargo, Conte Grand decidió desestimar el pedido y cerrar la investigación interna. “La decisión política protege al fiscal y busca garantizar su impunidad”, advirtió entonces la CPM y denunció el hecho de que un funcionario judicial de la democracia hubiera formado parte de la maquinaria del terrorismo de Estado como ‘espía’”. El rechazo del pedido de jury contó con los votos de los legisladores de Cambiemos Juan Pablo Allan y Santiago Nardelli y del Frente Renovador Hernán Albisu y Lisandro Bonelli, además del apoyo de los abogados Alicia Cristina Racig y Horacio Enrique Hernández.
La resolución judicial dictada contra Fernández Garello subraya que el fiscal general de Mar del Plata fue “partícipe necesario y penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad (…) e imposición de tormentos (…), agravados por tratarse de perseguidos políticos”. Además de Fernández Garello también fueron procesados, sin prisión preventiva, los policías bonaerenses retirados Ricardo Coronel, Guillermo Horacio Ornstein, Hugo Daniel Cammarota, Daniel Eduardo Ríos y Hugo Carlos Ramón Trasguerras; así como el militar retirado Jorge Norberto Apa.
A principio de mes, la CPM renovó el pedido de enjuiciamiento contra Fernández Garello y aportó nuevas pruebas de su accionar en el marco del terrorismo de Estado. El organismo presentó nueva prueba documental que involucra al fiscal en el secuestro y la desaparición del militante paraguayo Mario Ramírez Medina, y el espionaje sobre una familia chilena. “El dirige la política criminal en Mar del Plata y fue un agente de la dictadura militar, esta conexión entre Justicia y espionaje ilegal que vemos en el presente tiene sus antecedentes, por eso es inadmisible que Fernández Garello siga siendo parte del sistema judicial”, había advertido la directora general de la CPM, Sandra Raggio, a PáginaI12. “Es muy clara la gravedad del espionaje ilegal –agregó–, hoy Argentina está conmovida por una investigación al respecto porque estas tareas han penetrado todas las instituciones del Estado democrático.”
