Así lo confirmó diputado del FA Gerardo Núñez, quien sostuvo que la decisión de los integrantes de esa fuerza política que lleva tres períodos de gobierno consecutivo es producto de lo revelado por Ramos Padilla durante su presentación en el Congreso. “Nos dejó una preocupación enorme”, expresó el legislador y opinó que “toda la denuncia es de una gravedad gigantesca para la democracia”.
“Nos despertó las alarmas y la preocupación extrema cuando el juez planteó que habría involucrados en nuestro país. Sobre todo, cuando dijo que el espionaje ilegal y paraestatal recayó sobre integrantes del Frente Amplio”, subrayó durante una entrevista por El Destape Radio.
Precisamente, durante su informe en Diputados, Ramos Padilla advirtió que las operaciones de espionaje investigadas “exceden a nuestro país y puede poner en peligro las relaciones con países como Uruguay, Venezuela, Irán, Israel y Estados Unidos”.
El diputado Núñez sostuvo que “las alarmas” se encendieron porque la red paraestatal de la que es parte el falso abogado Marcelo D’Alessio y por la que está investigado el fiscal Carlos Stornelli podría tener vinculaciones con hechos de “espionaje militar y judicial” que en Uruguay hizo seguimientos “a partidos políticos y organizaciones sociales” de ese país.
Si ese vínculo existiera, “el hecho sería de enorme gravedad”, calificó el diputado y confirmó que ya tomó contacto con su par argentino Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión en la que Ramos Padilla dio su informe el miércoles pasado. “Voy a estar viajando la semana próxima con el objetivo de recabar la mayor cantidad de información y analizar la ampliación de la denuncia que se hizo acá”, dijo al respecto.
“Estamos hablando de hechos que, en mi opinión, pueden poner en riesgo las relaciones diplomáticas entre los países”, advirtió Núñez y explicó los motivos de su suposición: “Si hay un gobierno o integrantes de un gobierno que mantienen conexiones con redes de espionaje paraestatal para investigar a integrantes de una fuerza política que es parte del gobierno de un vecino país, el hecho tendría dimensiones lamentables”.
De la misma manera, el legislador uruguayo remarcó que estos hechos “no pueden pasar desapercibido”, sobre todo por “la historia de atropellos a los derechos humanos” que se vivieron en Argentina y Uruguay cuando aparatos de espionaje ilegal detuvieron, asesinaron y desaparecieron personas durante las dictaduras de los años ’70 y ‘80.
