La mayoría de los trabajadores de cosecha tenían entre 35 y 40 años de antigüedad en la firma. “Toda una vida”, señalaron. Bonato, junto con otra abogada Carolina Fontana, se propusieron desarmar una maniobra jurídica “bastante bien armada” mediante la cual intentaron darles el fin de zafra, una figura legal que no es equivalente a un despido. “Cuando en realidad la zafra continuaba durante los meses sucesivos mediante la contratación de otras personas; tercerizando con otras empresas. Eso logramos probar en el expediente”, indicó.
Al mismo tiempo, dijo que ante el incumplimiento de darles el trabajo que les correspondía por ser los empleados más antiguos, “ellos se consideran injuriados gravemente”. De esa manera, se sienten agraviados lo suficiente como para romper el contrato de trabajo. “No es cualquier incumplimiento. Es un incumplimiento que tiene la entidad suficiente como para decir ‘bueno me siento gravemente injuriado y me doy por despedido en forma indirecta”, señaló.
Sin asignación de trabajo por parte de la empresa y ante la falta de respuesta a los telegramas, los abogados les aconsejaron tomar la situación como un despido indirecto. En base a esa situación, reclamaron el crédito laboral correspondiente a distintos rubros. Entre ellos, la indemnización por antigüedad.
La presentación abarcaba a 20 cosecheros (dado que el Código Procesal laboral solo permite incorporar a 20 personas en un juicio) y se hizo en el Juzgado de Trabajo Nº 2 donde ganaron en primera instancia. Pero ambas partes apelaron. No obstante, la Sala Laboral confirmó la sentencia de primera instancia a favor de los trabajadores.
La pregunta que rápidamente sobreviene es que pasa con el concurso de acreedores en el que se encontraba la empresa. Bonato sostuvo que se trata de créditos pos-concursales. “El crédito laboral (despido) emerge luego de iniciado el concurso”, señaló.
Al mismo tiempo, Bonato dijo que se manejaron con mucha astucia y trabaron un embargo preventivo muy agresivo sobre todo lo que encontraron. “Tenemos embargada la planta, la tierra donde está la planta, todo lo que es el sistema de frío, la cámara de frío. Todo lo que es maquinaria”, dijo. El letrado explicó que, con sólo el valor del equipo de frío, les alcanza para las indemnizaciones de la veintena de reclamantes.
Al mismo tiempo, sostuvo que trabaron un embargo sobre una quinta que descubrieron cerca de Colonia Mandisoví (departamento Federación). La tierra es la única que queda de todas las quintas que tenía antiguamente la empresa. “No la pudieron vender porque está embargada”, señaló. En cambio, es muy difícil trabar embargo sobre vehículos como camiones. “Anda a saber dónde están. Eso pasa cuando trabas embargo sobre bienes muebles. Vos los embargas, pero después te los esconden, desaparecen”.
Hay que recordar que la planta fue comprada el año pasado por la empresa que maneja la tarjeta Consumax para destinarlo como depósito de logística para los productos que comercializan. “Estamos viendo cómo se privilegia el crédito sobre la suma que la gente de Consumax depositó”, dijo.
De ahora en más, a la parte demandada (desde el momento de la notificación tiene tres días para decidir) solo le quedan dos caminos: interponer un recurso al STJ (Superior Tribunal de Justicia), no apelar al STJ y pagar en forma voluntaria lo que la sentencia ordena. Y a los demandantes solo les queda, en caso de no recibir el pago, iniciar el procedimiento de ejecución de sentencia para que se subasten los bienes embargados. “Y ahí cobrar”, señaló.
Bonato ya adelantó que, si no pagan voluntariamente, procederán a pedir un procedimiento de ejecución de la sentencia. “Y pediremos la subasta de todos los bienes embargados”, precisó. El letrado dijo que “fue una situación muy dolorosa para mí y para la doctora Fontana llegar a la planta y embargar todos los bienes que había ahí adentro porque es un emblema, forma parte de la historia de nuestra ciudad y nuestro más acérrimo deseo era que la citrícola se recupere y comience a funcionar, pero no quedó otra alternativa que avanzar”.
Los otros 20 trabajadores fueron incluidos en otro expediente que está en la etapa de los alegatos, como paso previo a la solicitud de dictado de sentencia en primera instancia. Bonato entiende que la Justicia va a fallar de igual forma dado que son los mismos hechos, la misma situación, etc.
