Resulta complicado no repetir frases hechas, lugares comunes y demandas insatisfechas si de la situación del PAMI en Gualeguaychú se trata. El conflicto comenzó el 1º de mayo del 2017, cuando el Colegio Médico se negó a aceptar las condiciones de recorte ofrecidas por la obra social más grande del país, detalladas en el nuevo convenio, y cerca de 15 mil afiliados comenzaron a padecer una situación que sigue siendo deficiente.
En algunos días se van a cumplir 22 meses del acuerdo no fue, y si bien actualmente los afiliados cuentan con el (deficiente) servicio de la empresa Nativus, los reclamos siguen siendo los mismos: falta de profesionales y turnos que llegan a superar los tres meses de espera.
En el medio pasó de todo. Y, más allá de las buenas intenciones de algunos funcionarios y concejales de la ciudad, lo que se impone es una realidad inocultable a esta altura del conflicto: al gobierno nacional le preocupa más achicar los gastos en el PAMI que volver a prestar un servicio medianamente (tampoco era un lujo) digno. Quizá los números de las planillas de Excel cierran más que antes, pero el sistema es expulsivo de miles de adultos mayores. Esa es la realidad que se impone.
Pero no es solamente el Ejecutivo nacional el que no ha dado con la talla en este asunto. La Justicia Federal tampoco. Pasó casi un año y medio de la presentación del recurso de amparo por parte de dos afiliados y de dos centros de jubilados de la ciudad, en el que pidieron que se vuelva a prestar el servicio. Lo hicieron en el Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 2 de Concepción del Uruguay y, después de algunas idas y vueltas, la Cámara de Paraná resolvió que el juez Pablo Sero, quien se había excusado por ser pariente de uno de los intervinientes por parte del gobierno nacional, debía resolver. Esto fue en octubre del año pasado. A la fecha, no hay novedades al respecto.
“Los adultos mayores siguen esperando y muriéndose. Porque se mueren haciendo trámites para que les cubran estudios o esperando turnos. A nosotros nunca nos dio respuestas, pero el juez Sero resolvió enseguida la medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato”, reclamaron desde el Consejo Asesor Municipal del Adulto Mayor (Camam), en referencia a la medida adoptada por el funcionario judicial en julio del año pasado, tras el recurso presentado por comerciantes luego de aprobada la prohibición del agroquímico en Gualaguaychú.
“Es un proceso terminado”
Lucas Aníbal Larraz es ingeniero y dirigente del PRO de Concordia. Fue designado al frente de la delegación del PAMI tras la salida de la médica de Urdinarrain Marta Charadía, quien cumplía funciones en la UGL34 desde febrero de 2016.
Desgastado por la gestión y por la limitada capacidad de resolución que tiene con respecto a las medidas adoptadas por el PAMI Central, Larraz ya tiene tomada la decisión: cuando le den el Ok, renunciará a su cargo. “Por ahora sigo estando en el PAMI, no tengo reemplazante ni nada por el estilo”, expresó a ElDía, aunque aclaró que “es un proceso terminado” aunque “no depende de mí”.
“Es una decisión personal. Ya aporté lo que podía aportar, ahora tiene que venir otra gente, que pueda aportar otra mirada a las cuestiones que hay por resolver todavía en el PAMI. Mi nombramiento fue una cuestión intempestiva por la salida de otra persona, y tuve que decir que sí. Pero es un proceso terminado. Yo preferiría que siga gente de carrera, pero bueno, eso no depende de mí”, repitió el todavía funcionario.
Por otra parte, en Gualeguaychú todo sigue igual. Es que la dependencia local no tiene capacidad de intervención en los acuerdos que lleva a cabo la UGL 34. Será por eso que, al menos hasta ahora, su titular, Agustín Sobredo, ha resultado ileso tras las marchas a su oficina y las constantes críticas por parte de los jubilados.
Sobredo ocupa ese cargo desde febrero del 2017. Y, según supo ElDía, nada hace pensar que dejará esa función.
“Deficiente y/o inexistente”
En septiembre del año pasado, el senador nacional Alfredo De Ángeli, junto al senador provincial Nicolás Mattiauda y los concejales de Cambiemos se reunieron con el titular del PAMI central, Sergio Cassinotti, para destrabar el conflicto.
“Nos llevamos el compromiso de resolver lo antes posible la situación. Nos preocupa y priorizamos a los que hoy necesitan del Estado, en cualquiera de sus formas”, expresó De Ángeli tras la reunión. Durante la misma, los concejales le pidieron el funcionario que deje sin efecto el convenio con Nativus, por prestar un servicio “deficiente y/o inexistente”, como cuestionaron mediante un documento. Y el responsable nacional se comprometió a realizar una auditoría al servicio de Nativus, reconocido malo hasta por quienes meses antes lo habían presentado como una solución. Pero el “compromiso de resolver lo antes posible la situación” quedó en eso. Un compromiso incumplido. Hoy, todo sigue igual. Igual de mal.
Además, la alternativa que asomó como viable en ese momento para suceder a Nativus fue que el Sanatorio Luis Jeannot Sueyro, la Clínica San Lucas y el Sanatorio Pronto se repartan las 15 cápitas de la obra social. Esta posibilidad tampoco avanzó. Y ahora, Lucas Larraz, responsable en darle viabilidad, tiene un pie afuera de la obra social.
