La oposición en la Cámara de Diputados oficializó este martes, con la firma de distintos bloques, un pedido de sesión especial para el próximo 18 de octubre para tratar en el recinto la derogación de la resolución que busca que los usuarios compensen a las empresas de gas por la devaluación con extras a pagar en 24 cuotas.
El texto lleva las firmas de legisladores del Frente para la Victoria, Frente Renovador, el interbloque Argentina Federal, el Movimiento Evita, el Frente de Izquierda y la bancada puntana Unidad Justicialista.
El objetivo de la sesión es tratar una serie de proyectos de derogación de la Resolución 20/2018 publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial, elaborados por las diferentes bancadas, así como distintos pedidos de interpelación al secretario de Energía, Javier Iguacel, al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y al titular de Enargas, Mauricio Roitman.
En diálogo con ámbito.com tres diputados de la oposición coincidieron en la "inconstitucionalidad" de la Resolución habilitada por la Secretaría de Energía.
"Estamos pidiendo que se derogue la resolución por la cual la Secretaria de Energía implementa un cargo tarifario, porque es injusta, anticonstitucional y hace referencia a consumos anteriores", explicó el jefe del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien se mostró esperanzado en lograr el quórum el próximo 18.
Al justificar la resolución y ante las críticas de la oposición, Iguacel negó en declaraciones a la prensa que fuera una "compensación por la devaluación" y le atribuyó la "mayoría de las quejas" por el aumento a "militantes kirchneristas".
Ante esto, Rossi evaluó que "varios sectores de la sociedad argentina están en ese camino de rechazar una aplicación tarifaria que es absolutamente injusta" y destacó la unidad de la oposición a la hora de intentar derogar los pagos extras.
"El 18 veremos quiénes están de acuerdo o no con esta medida y obviamente que si hay sectores del oficialismo que están dispuestos a derogar esta resolución para nosotros bienvenidos, porque lo que estamos buscando es ver cómo se beneficia el conjunto de los argentinos", agregó.
Para Marcela Passo, diputada del Frente Renovador y titular de la Comisión de Defensa al Consumidor, el pedido del pago de extras a los usuarios por las tarifas de gas en compensación por la devaluación, "es violatorio del artículo 17 de la Constitución Nacional", lo que llevó además al bloque a presentar un amparo ante la Justiciacon las firmas de las legisladoras Passo, Graciela Camaño y Carla Pitiot.
"Lo que está queriendo cobrarle el Gobierno a los usuarios es una suma retroactiva que tiene que ver con la diferencia de valor del gas en boca de pozo y que han estado pagando las empresas prestadoras de servicio a raíz de la diferencia en la cotización del dólar. Claramente esto es arbitrario porque no podemos generarles a los usuarios un cobro retroactivo de algo que ya pagaron, cambiándoles las reglas de juego", explicó.
La legisladora consideró que "el Gobierno está cada vez más alejado de la sensibilidad y de la realidad que vive la gente" y que "las familias ya no aguantan más los tarifazos, ni las pymes la baja del consumo que genera la pérdida del poder adquisitivo del salario".
Además, anticipó que esta resolución sienta un "pésimo antecedente porque mañana cualquier prestadora de servicio puede venir y decir 'vos me pagaste pero en realidad me estás debiendo', generando una situación de incertidumbre".
Sobre las declaraciones del secretario Iguacel que hizo referencia a que "el insumo estuvo siempre dolarizado", Passo consideró que desde el Gobierno "quisieron basar su resolución en hechos del pasado, haciendo alusión a una norma de 1992, cuando esa ley no habla de que las tarifas tienen que estar dolarizadas. Eso es una mentira. Las tarifas fueron dolarizadas en las primeras resoluciones del ministro Aranguren". "Es un Gobierno que encima no se hace cargo de las decisiones que toma, en donde claramente el tema de la diferencia cambiaria y del valor del dólar tienen que ver con las políticas propias", insistió.
En tanto, el pampeano Sergio Ziliotto, del interbloque Argentina Federal, explicó a este medio que "no hay antecedentes en la Argentina, pero tampoco en el mundo donde los usuarios tengan que hacerse cargo del riesgo empresario. Si los empresarios no vieron que iba a haber devaluación, los usuarios no tienen por qué hacerse cargo de esa erogación y menos aún en esta crisis. Estamos hablando de una cifra de más de .300 millones de pesos".
"Ha quedado demostrado que es una medida que es inconstitucional, que viola la normativa vigente, el derecho de propiedad, la doctrina de irretroactividad de las leyes y desde el punto de vista político es algo que nosotros como representantes del pueblo no podemos permitir", sentenció.
Ziliotto aseguró además, que el Gobierno no sólo toma decisiones inconsultas, sino que altera las reglas del juego. "No hay que olvidarse que hace un mes hubo una audiencia pública para aumentar el 35% las tarifas y que días después conocimos una serie de aumentos encubiertos detrás de la eliminación del programa que premiaba la eficiencia energética, el endurecimiento de las normativas para acceder a la tarifa social y ahora los extras por la devaluación", describió.
En este sentido, indicó que la solución tiene que venir "desde el lado de la política". "Tenemos que dar una respuesta y hemos confluido con varios sectores de la oposición, esperando que algunos sectores del oficialismo nos acompañen. Más allá de reivindicar a un gobierno de turno es hora de ver de qué lado se está, si del lado de los usuarios, o de un aumento indiscriminado de las tarifas que benefició sólo a los grandes grupos concentrados", concluyó.
