En el primer caso, se trata de una alteración, aunque leve, de la promesa que el Gobierno le hizo al campo sobre el mantenimiento del cronograma de rebaja de las retenciones a las exportaciones, y una polémica apuesta a afectar la producción de soja con valor agregado, sosteniendo las ventas del commodity sin procesar. En segundo caso, se adelantó una decisión que afecta a las provincias para derivar el 100% de las retenciones a las exportaciones sojeras a las arcas públicas, una medida que estaba en negociaciones con los gobernadores para ser aplicada desde enero de 2019. Finalmente, en el caso de la reducción de los pagos a los reintegros a las exportaciones implica la eliminación de un derecho general de la contabilidad moderna, que implica que el estado debe devolver al productor exportador los impuestos que se incluyen en el precio de venta al exterior. La justificación oficial es que la devaluación del peso generaba una ganancia extra que ahora se equilibra con la suspensión de las retenciones. "La reforma tributaria y el pacto fiscal, que reducen los impuestos al cheque y a los ingresos brutos, generan el espacio para que dichos reintegros puedan ser reducidos", justificó Hacienda; anulando para los exportadores afectados los beneficios de la reforma impositiva. La idea oficial es que una devaluación de casi el 60% es suficiente beneficio como para coparticipar la ventaja competitiva con las arcas públicas.
En total al ahorro que espera el ministerio que maneja Nicolás Dujovne llegaría a los .500 millones entre lo que resta del 2018 y el año próximo, en lo que representa, hasta aquí, la mayor apuesta concreta para acercarse a la cifra de 0.000 millones de ahorro entre la Nación y las provincias. A este número, por ahora, deberán sumarse unos 20.000 millones que el Ejecutivo se comprometió a reducir dentro del gasto público de la administración nacional, con lo que el ajuste alcanza los 85.000 millones. Aún restan conocer los datos sobre el ajuste real en obra pública y lo que aporte de más la recaudación tributaria, para terminar de cerrar el ajuste comprometido ante el FMI. La letra final debería estar diseñada en menos de 15 días, y figurar en la redacción del Presupuesto para el año fiscal 2019, para que sea debatido en el Congreso durante septiembre. Estas tres decisiones se enmarcan en el proceso de convergencia al equilibrio fiscal para 2020, que serán luego complementadas en el proyecto de Presupuesto por medidas relacionadas con las erogaciones del Gobierno Nacional", afirmó Hacienda.
Este primer paquete serio de ajuste fiscal era la contrapartida inevitable para que aparezca el lunes el guiño del FMI para utilizar reservas del Banco Central para comenzar a desarmar la bomba de tiempo de las Lebac. Los enviados a Buenos Aires de Christine Lagarde, encabezados por Ricardo Caldarelli, le habían trasladado al Gobierno argentino la autorización para disponer de los dólares que atesora el Central, como reaseguro para que la demanda de divisas tenga la debida oferta. Según la estimación conjunta, están presupuestados para la meta máxima que se planteó el oficialismo para terminar el año (desmantelar las Lebac, al menos como opción inversora para el público), unos u$s 15.000 millones menos de reservas. Sería el monto necesario, según piensa el Gobierno, para que todos los particulares que opten por dolarizar sus tenencias en pesos que se vayan desprendiendo de las Lebac, puedan cerrar la operación. Pero para esto el FMI impuso dos obligaciones innegociables: que el tipo de cambio hasta fin de año siga la línea de la inflación y no sufra retrasos (como el de julio, a los ojos del FMI); y que el Gobierno acelere la aplicación del demorado ajuste fiscal prometido para el 2019, cuando el déficit debe bajar de 2,7 a 1,3%.
La primera consecuencia positiva del paquete presentado ayer, será que este año el superávit primario de 2,7% está garantizado. Y que incluso el porcentaje final podría ubicarse por debajo del 2,5% o incluso menos. Los 15.000 millones de pesos extras para el 2018, se sumarán a los aproximadamente 30.000 millones de pesos que aportará la recaudación impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y que reducirían la necesidad de ajustar el gasto público para este año.
