“Me parece que hay que dilucidar a través de la auditoría y de la Justicia qué fue lo que pasó o si hubo un error”, dijo el martes por la noche la ministra Stanley, admitiendo que quienes figuran financiando la última campaña de Cambiemos son, en su gran mayoría, beneficiarios de programas sociales. El “error” que mencionó Stanley durante una entrevista a CNN en Español –haber utilizado la identidad de personas pobres para ocultar a los aportantes reales– ya provocó el desplazamiento de la contadora general de la Provincia, María Fernanda Inza, a quien la gobernadora María Eugenia Vidal echó de forma “preventiva”, un día después de su designación. Sobre esto, la ministra consideró que “la gobernadora fue muy clara no sólo en mandar a hacer una nueva auditoría, sino también en correr a la persona que se ocupó de este tema” e insistió con el discurso oficial: “Ahora tiene que investigar la Justicia, se va a entregar toda la documentación necesaria.”
Por otro lado, Stanley se sumó al pedido de modificación de la norma que regula el financiamiento de los partidos políticos. “Hace tiempo que venimos discutiendo el tema de bancarizar, de cómo se trabaja con una ley que sea más clara a la hora de los aportes y me parece que esa es una respuesta contundente para terminar con cualquiera de estas cuestiones”, expresó, obviando la cuestión de que Cambiemos fue la fuerza política con mayor porcentaje de aportantes en efectivo. “Siempre pongo las manos en el fuego por María Eugenia y por todos, no tenemos nada que esconder”, concluyó la ministra, a quien el tema la interpela directamente, no sólo por ser funcionaria, sino también por estar casada con Federico Salvai, el jefe de Gabinete de Vidal, vicepresidente de la fuerza política a nivel provincial y quien tuvo a su cargo la campaña electoral bonaerense. Vidal y Salvai, junto al resto de las autoridades partidarias, son señalados como los responsables políticos de la maniobra fraudulenta por una de las causas penales que se abrió tras la investigación de El Destape.
El informe periodístico señaló que, al menos, 200 personas figuraban como aportantes a la última campaña legislativa de Cambiemos que negaban serlo e indicó, además, que esas personas eran de origen humilde y beneficiarias de los programas sociales Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Haciendo Futuro. Esa información fue confirmada ayer por el fiscal Di Lello –que inició de oficio la investigación– luego de cotejar los informes que requirió previamente al Ministerio de Desarrollo Social, a la Anses y a Gendarmería. Como a la cartera que conduce Stanley, al organismo previsional que dirige Emilio Basavilbaso el fiscal le solicitó que informe si los donantes reciben, y desde cuándo, la AUH, pensiones, jubilaciones o algún tipo de subsidio estatal. En tanto, a la fuerza de seguridad le encomendó un monitoreo social sobre unos 50 casos elegidos al azar para conocer en qué condiciones viven. Estos informes dieron cuenta de que hay 153 supuestos falsos aportantes que efectivamente están registrados como beneficiarios de planes sociales, que la mayoría recibe la AUH y que son residentes de “zonas humildes”. Esta información recabada por Di Lello se sumará al reporte de la Cámara Nacional Electoral que de una muestra de cien nombres entre todos los falsos aportantes confirmó que el 99 por ciento también figuran como afiliados al PRO, y toda esa documentación será presentada en los tribunales federales de La Plata para formular una denuncia penal.
