“Concretamente, los dichos del legislador y del funcionario nacional son contrarios a los principios que informan al derecho ambiental y al federalismo constitucional, ya que, apoyados sobre una decisión judicial que considero equivocada, desconocen el correcto alcance que se le debe dar a la Ley General de Ambiente, que es una ley de presupuestos mínimos, una ley que claramente dice que la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces como las que se han considerado en el Municipio de Gualeguaychú”, precisó Larrarte, que además es abogado.
En ese sentido, el representante del departamento San Salvador en el senado provincial sostuvo que “ambos exponentes reniegan de las decisiones de un órgano político, institucional y constitucional como es un Concejo Deliberante y reniegan de la Constitución Provincial misma, ya que el artículo 22 nos da todos los entrerrianos el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano”.
Las definiciones de Larrarte se produjeron luego de que el juez federal Pablo Seró diera lugar al amparo presentado por seis empresas del rubro agropecuario contra la decisión del Concejo Deliberante de Gualeguaychú de prohibir la comercialización del glifosato. Tanto Mattiauda como Bernaudo criticaron el accionar de la municipalidad y la validez de la ordenanza.
Además, recordó que “el artículo 240 nos dice que los Municipios tienen competencia en materia de protección del ambiente y del equilibrio ecológico y que pueden ejercer acciones de protección ambiental incluso más allá de sus límites territoriales, en tanto se estén afectando o puedan afectarse los intereses locales”.
“No se puede resumir el debate tan livianamente, más cuando estamos ante decisiones de un órgano llamado por la misma constitución a tomar ese tipo de decisiones. Es más, creo que no se puede, alegremente, decir que no hay rigor científico cuando el año pasado conocimos que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con la proliferación del cáncer; como tampoco se puede decir que los concejales no tienen capacidad ni atribuciones”, continuó el legislador peronista.
Por otra parte, Larrarte señaló que “Bernaudo expresa la intención del gobierno nacional de ir hacia un modelo agropecuario que va a contramano de los países que entienden que la producción intensiva con agrotóxicos implica un riesgo grave para el ambiente y las poblaciones”, y rechazó “las denominadas Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), un combo de postulados desarrollado por compañías como Monsanto, Bayer, Dow, BASF, Syngenta y DuPont, en alianza con organizaciones que consideran a los agrotóxicos insumos inocuos y biodegradables”, sentenció.
Por último sostuvo que “La pregunta que debería hacerse Bernaudo es qué decisión correspondería adoptar si el Focus contamina (en alusión al ejemplo que dio el funcionario nacional en una entrevista radial), porque quizás no sepa o no recuerde lo que pasó con los automóviles diésel de Volkswagen en países que cuidan el ambiente”.
