El encuentro -el primero en grupo con provincias gobernadas por la oposición- se realizará cuando ya se explicitó que el ajuste en 2019 debe ser de 300.000 millones de pesos, es decir 100.000 millones más que los estimados originalmente, debido al esquema de actualización de la Asignación Universal por Hijo y los gastos previsionales.
Fuentes gubernamentales afirmaron a La Nación que se irán reuniendo por grupos. "Los encuentros multitudinarios no sirven para trabajar; más adelante convocaremos a todos", se indicó. Entre esta semana y la próxima se avanzará en busca de un "acuerdo nacional" no solo con ministros provinciales, sino con representantes de Cambiemos, del Peronismo Federal y del resto del PJ.
Los ministros llegarán a la reunión con algunas claves acordadas entre ellos hace tres semanas, cuando coincidieron en que la Nación debe avanzar con las transferencias de las empresas eléctricas y otros servicios, como hospitales y Prefectura, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además procurarán graduar la baja de impuestos prevista en el pacto fiscal en función del nuevo contexto macro.
El objetivo no es frenar todo lo acordado en materia de reducción tributaria, sino los aspectos que más ingresos recortarían a las administraciones provinciales.
El gobierno nacional argumenta que las menores transferencias que recibirán las provincias se compensarán por la mejora de la coparticipación y, además, porque todas las jurisdicciones (con excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis) van a tener una participación mayor en la masa coparticipable, en función del acuerdo de devolución gradual del 15 por ciento que se destinaba íntegramente a la Anses, situación que implica una menor recaudación efectiva para las arcas nacionales.
Es intención de los ministros que en la reunión la Casa Rosada se comprometa a ponerse al día con los giros para obras públicas en ejecución, informa el diario La Nación. Al respecto, hay demoras en pagos y ya las provincias de Chaco y Catamarca -en reuniones individuales- plantearon su molestia por el impacto en los planes de vivienda.
Un trabajo del Iaraf difundido este lunes plantea que el gasto primario nacional debería crecer entre 280.000 millones y 330.000 millones de pesos el año que viene para cumplir la meta fiscal; las erogaciones en prestaciones sociales (indexado por inflación) subirían 429.453 millones en relación a 2018 y el gasto no indexado por inflación bajaría 148.102 millones, ante un escenario de no suspensión de la baja de impuestos y 103.00 millones si se frena la reforma tributaria.
La clave para las provincias es que el 40 por ciento del gasto total debe caer nominalmente. Es en ese segmento -por fuera de las prestaciones sociales- donde se centrará el debate con los gobernadores.
