Los barrios alcanzados por la normativa son los relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), en un trabajo que contó con la contribución de movimientos sociales.
De acuerdo al texto, el sujeto expropiante será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que en conjunto con la cartera nacional deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir los bienes inmuebles.
El proyecto establece que los gastos que implique el proceso "serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes", al tiempo que autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso "con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley".
El proyecto fue impulsado desde la CTEP como forma de generar que los habitantes de barrios carenciados puedan finalmente ser titulares de los terrenos en donde viven.
