Sin embargo, el exmandatario se mantiene a la espera de la decisión de los jueces de la Corte Suprema, que podrían determinar su libertad, en caso de concluir que su estadía en prisión es inconstitucional, faltando instancias de apelación. Los magistrados tienen hasta el próximo jueves para presentar su decisión.
Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT) y sus principales dirigentes, como la presidenta constitucional Dilma Rousseff, afirman que Lula es un preso político, aunque sostienen que será, incluso desde prisión, candidato a las elecciones del 7 de octubre, para la que es favorito según las encuestas.
La Central Única de Trabajadores (CUT) prepara para este lunes diversos actos en todo el país, pero con el foco en el Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo donde Lula estuvo recluido dos días rodeado de miles de simpatizantes antes de entregarse, tras la orden de prisión del juez Sergio Moro.
“El 7 de mayo será una jornada de lucha contra una prisión política e injusta. Será una fecha del movimiento Lula Libre. Lula es el único líder que siendo candidato puede revertir la ley laboral modificada por este Gobierno de Michel Temer”, afirmó el secretario general de la CUT, Sergio Nobre.
El primer mes de Lula reveló un enfrentamiento entre la Corte Suprema y el juez Sérgio Moro, el encargado de la operación Lava Jato, que en primera instancia encontró culpable a Lula de haber recibido como soborno un departamento en el balneario de Guarujá.
Posteriormente, la corte le retiró a Moro las delaciones premiadas de ejecutivos de Odebrecht vinculadas a otra causa relacionada a Lula por una cuestión de jurisdicción.
Se esboza por primera vez una reacción de la máxima corte a los poderes extraordinarios que la cámara de apelaciones de Porto Alegre le otorga a Moro desde 2014, cuando estalló la operación Lava Jato. La Sala II de la Corte Suprema debe decidir esta semana si el juez Moro anticipó el procedimiento de detención de Lula.
