A pesar de los reiterados intentos de todos los defensores que abogaron por su libertad, o en su defecto la prisión domiciliaria con la colocación de una tobillera electrónica para monitorear su ubicación, los magistrados que intervinieron en cada una de las audiencias de prórroga de prisión preventiva creyeron necesario que Nahir Galarza permanezca encerrada por considerar que existe riesgo procesal.
En la audiencia que se realizó ayer por la mañana en los Tribunales de Gualeguaychú, el juez de Garantías Guillermo Biré, que en realidad actuó como vocal subrogante porque el Legajo ya fue elevado a la órbita del Tribunal de Juicios, consideró que Nahir Galarza debía seguir privada de su libertad inclusive hasta la finalización del debate.
El fiscal Sergio Rondoni Caffa argumentó que se mantenían los mismos riesgos procesales existentes desde el inicio de la investigación, principalmente la posibilidad de una fuga en razón de la presunción de la pena y las características del hecho, además de la proximidad con el debate.
Las querellas, representadas por los abogados Sebastián Arrechea, Juan Carlos Peragallo y Rubén Virué, además de coincidir con el Ministerio Público Fiscal hicieron hincapié en el audio de Fernando Pastorizzo divulgado días atrás y que todos los medios de comunicación nacionales, provinciales y locales. Sobre este punto le solicitaron al Juez que se mantenga la medida vigente hasta la audiencia de elevación y se vuelva a intimar a los medios que no levanten información donde se proporcione una prueba existente en el Legajo.
Esta medida cautelar fue tomada en cuenta por Biré y repitió lo que había ordenado su colega Mario Figueroa durante la primera etapa del proceso investigativo. Por lo tanto, hasta la finalización del juicio ningún medio podrá levantar de ninguna red social cualquier prueba que alguna de las partes involucradas decida hacerla pública, porque en caso contrario se estará violando una orden judicial.
La defensa, en esta oportunidad representada por Pablo Sotelo y Horacio Dargainz, volvió a cuestionar que no existe peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación, pero Biré hizo caso omiso a esa requisitoria y decretó 60 días más de alojamiento en la Comisaría para la imputada.
