No solo el pueblo trabajador está sufriendo a causa de las exorbitantes subas de tarifas, las cooperativas, empresas recuperadas, comerciantes y, en general, las pequeñas y medianas unidades productivas y de servicios –que son las que emplean el mayor número de mano de obra en nuestro país- ya no pueden hacer frente a las facturas. El aumento desproporcionado del precio de los servicios impacta directamente en la estructura de costos de la producción de alimentos, haciendo cada mes más difícil a los trabajadores llevar alimentos a su mesa. Pero también lo hace de modo indirecto en aquellos sectores con altos eslabonamientos productivos como cemento, químicas básicas, celulosa y papel, textil, etc., provocando un efecto cascada en toda la estructura productiva”, indicaron.
Como Central de Trabajadores exigieron que:
“Las tarifas aprobadas hasta el presente no se apliquen por un año, contado a partir del 1° de enero de 2018, debiendo retrotraerse a los valores vigentes al 31 de diciembre de 2017 y que se proceda a la devolución de los importes excedentes mediante descuentos en las facturas pendientes o subsiguientes”.
“Se prohíba todo incremento en las tarifas de energía eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas por el plazo de un año”.
“Se impida que las empresas prestatarias de dichos servicios procedan a efectuar cortes de suministro por falta de pago de las facturas correspondientes a los consumos de los años 2016 y 2017”.
“Se establezca que no podrá haber más de un aumento anual en los servicios mencionados; que dicho incremento se hará siempre de manera escalonada; que nunca podrá aplicarse en detrimento de la tarifa social y de todo otro régimen especial de excepción destinado a consumidores y usuarios y, sobre todo, que el incremento deba seguir, absolutamente siempre, criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva, así como ser justo y accesible”.
“Cumpla de modo explícito e inexcusable lo sostenido por el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, particularmente en lo referido a garantizar el derecho a una vivienda adecuada, toda vez que los gastos relacionados con dicha vivienda –para el caso los vinculados al pago de servicios esenciales- sean conmensurados con los niveles de ingreso”, indicaron.
