Ayer se declaró al sindicato en estado de “alerta permanente frente al escenario político, económico y laboral que atraviesan el país y la provincia”.
Además, se facultó a la comisión directiva central para que adopte las medidas tendientes a organizar las estrategias de lucha del colectivo docente, incluyendo la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo 2018, en caso de que no haya una propuesta salarial que responda a las necesidades de los docentes o que se no garantice que la Ley de Jubilaciones y Pensiones 8.732 no se modificará.
Entre los consensos logrados se destacó, a 16 años de los trágicos hechos de 2001, la exigencia de juzgamiento a los responsables políticos del asesinato de “Pocho” Lepratti, entre ellos el ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, y al ex presidente Fernando de la Rúa, así como también a los funcionarios responsables de llevar a cabo la represión, de los cuales “sólo el policía asesino Esteban Velázquez y otro agente fueron condenados”.
Además se ratificó lo actuado por la Junta Ejecutiva de la CTERA en el conflicto por el tratamiento de la reforma previsional de manera consecuente con lo resuelto por el último Congreso de la entidad.
De la misma forma, se facultóa la Comisión Directiva Central a construir los más amplios consensos dentro y fuera del sindicato para presentar una lista representativa de los intereses de los trabajadores en las próximas elecciones de vocales para la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Y se definió la participación en el Movimiento de Trabajadores Entrerrianos como espacio de coordinación con otros trabajadores en el marco de las CTA.
Asimismo, se exigió el no cierre de carreras del Nivel Superior dependientes del Consejo General de Educación y el urgente pase a planta permanente de las horas cátedra y de las carreras a término, denunciando la precarización en el nivel y el avasallamiento y la subestimación de los procesos de formación con la ejecución del Operativo “Enseñar” en el marco del Plan Maestro.
Y se rechazó “la reforma antieducativa del Plan Maestro y Secundaria 2030 que degradan la educación e introducen la reforma laboral en el ámbito educativo”.
También se repudió la cumbre de la Organización Mundial de Comercio realizada en Buenos Aires en el mes de diciembre, “la cual define a través del acuerdo TISA a la educación como un servicio, sosteniendo como lo hemos hecho históricamente que la educación es un derecho”.
De la misma forma, se rechazaron “las políticas de ajuste en educación” y se exigió un incremento del presupuesto educativo y ejecución total del mismo.
