“Luego de ver el video del día del hallazgo sospecho aún más de que el cuerpo no estaba ahí, por eso digo que recién arranca el caso, no es que el 24 nos vamos a casa, hay que determinar cómo fue su muerte, no hay una investigación hacia Gendarmería, no se la sigue cuestionado”, enumeró. Maldonado explicó que en las imágenes puede apreciarse que los buzos tienen las dos manos libres para maniobrar cuando sacaron el cuerpo, pero en sus declaraciones dijeron que no hacían pie. “Parecen firmes para haber estado apoyados en una rama”, razonó en referencia a las testimoniales de los integrantes de Prefectura que publicó PáginaI12. Al juez (Guido) Otranto voy a citarlo a declarar, porque el domingo 17 de septiembre dijo que su hipótesis era que se había ahogado, tiene que decir qué datos tenía porque casualmente, o no tanto, después aparece ahí”, agregó.
De las declaraciones de los miembros de la división Criminalística de la Policía Federal que trabajaron aquel día surge que no pudieron hacer una “toma de agua” de otro sector del río por la agresión de los mapuches. Esto sucedió alrededor de las 21, y los policías estaban en el terreno desde temprano, por lo cual no se explica por qué aducen ese impedimento cuando pudieron haberlo hecho durante la jornada, dado que el cuerpo fue encontrado a las 12.25. Maldonado se quejó de que el departamento de Agua de la provincia de Chubut se negó a dar información sobre la temperatura del río. Por eso insisten en la conformación de un grupo, ya no necesariamente provenientes del exterior, pero sí del ámbito universitario de Esquel y de La Plata.
Acompañado por su abogada, Verónica Heredia, en la apelación dijo que “pese a la cuestionable actuación de funcionarios de alto rango del ministerio de Seguridad de la Nación, siguen a cargo de la investigación únicamente fuerzas de seguridad dependientes de dicha institución”. Y agregó que requiere “la conformación de un Grupo de Expertos Independientes que supervise y coadyuve a la investigación que realice el juez, según lo recomendado por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU. La audiencia fijada para el día 24 de noviembre debe ser el comienzo de la investigación y no el final. A partir de allí, un equipo independiente, estable y multidisciplinario debería recorrer de modo exhaustivo el lugar de los hechos y hallazgo del cuerpo, interrogar a distintas personas claves para probar qué ocurrió –que todavía no declararon en la causa–, recoger los restos de la fogata que realizaron los gendarmes el 1 de agosto de 2017, disponer pericias que surjan de esas investigaciones (planimetrías detalladas de cada declaración prestada para destacar concordancias, diferencias y complementariedad entre los relatos y otros hallazgos ya realizados y los aún pendientes), entre otras medidas por cumplir”. En el escrito insistieron en que Lleral debe aplicar la Guía 9 para profesionales sobre desaparición forzada y ejecución extrajudicial: investigación y sanción, del Comité de Juristas Internacionales. “Entendemos que esa falta de precisión llevó a que se investigue cualquier cosa menos una presunta desaparición forzada de persona, ahora agravada por muerte. Reiteramos que el Poder Ejecutivo Nacional proyectó su influencia sobre la investigación.”
