El abogado aclaró que su asesoría es limitada porque no tiene matricula habilitada en la provincia de Corrientes y lamentó que sólo pueda orientarla y tratar de que haga el camino correcto. “No puede ser que ande mendigando por información”, manifestó el querellante ante el hecho de que como los concordienses desaparecieron en jurisdicción correntina, la justicia entrerriana no tenga ningún tipo de competencia ni libre acceso a la información de cada procediendo que desde allí realizan.
“Yanina no tiene plata para viajar a Corrientes, no tiene un abogado matriculado allá que pueda hacerse cargo de una querella y no tiene asistencia psicología ni social”, sentencio Jáuregui y agregó: “Lo que yo si puedo hacer es indicarle a quién debe recurrir y exigirle al gobierno de la provincia que cumpla con sus obligaciones que consisten justamente en contactarse con ella y poner a su disposición toda la estructura del estado para que la mujer tenga todo el apoyo e información de lo que se está haciendo para encontrar a su esposo”, adelantó.
“Lo que yo planteo es que el gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Dirección de asistencia a la victima tiene la obligación, y la señora de Quintana tiene el derecho porque es ciudadana de esta provincia, de recibir todos los beneficios del tratamiento que compete la Asistencia a la Victima y que implica cobertura jurídica, económica, social y psicológica”, explicó Jáuregui y subrayó que el estado provincial “no se puede desentender” totalmente de la situación. “La justicia es una cosa pero el Poder ejecutivo es otra y es éste último es el que, a través de estos organismos debe venir a ella y no ir ella a buscarlos, la mujer está en una situación de total vulnerabilidad, desorientada, asustada, sin contención y como único sostén económico y psicológico sus hijos”
En ese sentido el letrado consideró que, como él no tiene matricula en Corrientes y la familia Quintana no tiene recursos para solventar un viaje ni acceso a ningún tipo de información en la causa “yo voy a indicarle cómo debe seguir y exhortar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones de asistencia a la víctima”, ella no tiene plata para viajar no tiene un abogado matriculado en Corrientes que pueda hacerse cargo de una querella ni asistencia psicológica ni social. “Entonces, yo pienso que debe tener acceso a la ministra de gobierno, Rosario Romero y si quiere yo la acompaño y poner el caso en sus manos para que sea el estado el que le brinde todas las estructuras que se requieren en este tipo de situaciones”, reiteró. “Para ellos es una obligación y para ella es un derecho”, finalizó.
