Actualmente Righelato se desempeña como empleado de planta de Obras Sanitarias y el trámite comenzó este miércoles en área de Sumarios de la Fiscalía de Estado, que dirige Julio Rodríguez Signes. El ex director se presentó con un abogado defensor y tras la apertura del acto administrativo se le dio la posibilidad de hacer su descargo y del derecho de defensa. Allí, el acusado negó todos los términos de la denuncia iniciada y efectuó una serie de consideraciones para aclarar que, desde su punto de vista, nohay pruebas que lo puedan llegar a responsabilizar de los delitos administrativos que se le quieren endosar.
En el Estado los agentes públicos son sometidos a este tipo de investigaciones cuando hay faltas administrativas que pueden llegar a ser entendidas como graves. El Poder Ejecutivo es el que dispone el sumario, que una vez finalizado pasa a ser analizado por la comisión de Sumarios que recomienda una sanción que puede llegar a ser de días descontados del sueldo y hasta la exoneración del agente público. La medida sancionatoria no será efectiva, hasta tanto la confirme o la rechace el gobernador Bordet quién será el que tendrá la última palabra para echar o no a Righelato de la administración pública, en caso que se confirme la falta grave.
Los Antecedentes de corrupción
En los primeros días de octubre de 2016, el fiscal Juan Ramírez Montrull, había iniciado una investigación de oficio contra el titular de Obras Sanitarias de la provincia por presuntos delitos de corrupción en el organismo. Se tomó conocimiento que horas antes, el funcionario había ordenado el vaciamiento de uno de los galpones ubicados en Aldea Brasilera, donde funciona la empresa de uno de sus allegados y por ende la justicia inició una pesquisa para seguir los pasos.
Casi simultáneamente en la medianoche del lunes 11 de octubre, personal policial que lo estaba investigando, observó que intentaba salir con su camioneta particular, desde su vivienda, con cuantiosa documentación pública por lo que fue detenido. Tanto Righelato como otros funcionarios y empleados fueron investigados por negocios incompatibles con la función pública, como así también por Peculado de servicios y de bienes, por la utilización de personal y maquinarias de OSER, además del supuesto delito ecológico por el uso de material inadecuado en las diferentes obras encaradas en ciudades de la provincia.
No obstante, no se descarta que Righelato también sea comprendido por el delito de enriquecimiento ilícito, en función de su notable evolución patrimonial de estos últimos diez años, pese a que siempre fue funcionario público. Tras estar tres meses detenido en la Unidad Penal I de Paraná, el ex titular recuperó la libertad a fin de año, para lo cual se le otorgó en un primer momento una prisión domiciliaria y luego la libertad transitoria con ciertas restricciones.
En el medio de la investigación se conoció que desde la Fiscalía podrían llegar a ofrecer un juicio abreviado a Righelato acordando una pena de prisión efectiva. Sin embargo, las negociaciones nunca llegaron a buen puerto, porque el funcionario siempre se negó los hechos adjudicados o al menos entendió junto a su defensa que no había elementos de pruebas contundentes para demostrar su culpabilidad.
Hoy la causa sigue su trámite con nuevas medidas probatorias reclamadas por la justicia, y con la idea que una posible elevación a juicio del expediente, recién se produciría para 2018.
