En el documento oficial se resuelve “hacer saber al Sr. Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires que, en lo sucesivo, cualquier comunicación que deba realizarse ante los medios de comunicación con relación a los hechos denunciados así como también a la situación académica, legal o personal de los alumnos involucrados, será llevada a cabo exclusivamente a través de la Subsecretaría de Prensa de la Universidad de Buenos Aires”.
El decreto implica una abierta desautorización sobre el accionar de Zorzoli en lo que hace a la preservación de la intimidad de la víctima y es el resultado del “malestar planteado por la familia ante los dichos del rector.”.
Por otra parte y atento a que “resulta imprescindible reducir al máximo la posibilidad de que la víctima y el alumno denunciado puedan entrar en contacto”, la máxima autoridad de la UBA establece una sanción que consiste en “la prohibición de ingreso al establecimiento por el plazo de 90 días” al joven acusado de ser el autor del abuso, al mismo tiempo que exime a la víctima de asistir a clases hasta tanto “sea recomendada su reincorporación por quienes tengan a cargo su acompañamiento psicológico”.
La resolución deberá ser tratada por el Consejo Superior la semana próxima pero ya ha sido girada a la comisión de educación media. Antes que eso ocurriera, según pudo saber Tiempo Argentino, el mismo Zorzoli había presentado un informe señalando que su accionar, en todo momento, había sido en coordinación con las autoridades del rectorado.
