Los legisladores apuntan en los fundamentos de la declaración que, “la desaparición de Santiago Maldonado se produce en el marco de una persecución contra la comunidad mapuche, donde Gendarmería Nacional ingresó de manera irregular y violenta”, y sostienen que “estos hechos constituyen una alteración a las garantías que impone el Estado de Derecho”.
“Hablar nuevamente de desaparición forzada, nos remite a los tiempos más siniestros de la Argentina que creíamos absolutamente superados”, sostienen más adelante y denuncian que “en la zona de referencia de Río Negro y Chubut, donde desapareció Maldonado, denuncian 100 casos similares y existen 20 causas abiertas. La creciente y desproporcionada inversión en equipamiento destinado a la represión interna y que azota cruelmente a los pueblos originarios de la Patagonia tiene el único fin de priorizar intereses particulares que buscan apropiarse de nuestras riquezas naturales”.
Por último sostienen que “al igual que con la persecución judicial y la cárcel ilegal a Milagro Sala nuestro país enfrenta la vergüenza del pedido de la intervención de Naciones Unidas. El Estado está obligado a garantizar todos los recursos necesarios para hallarlo sano y salvo”.
