El letrado explicó que la investigación comenzó en el año 2010 a raíz de una denuncia del Doctor Sigot y se encuentra ahora en la instancia de investigación penal preparatoria. “A raíz de lo recabado y analizando fue que solicité las imputaciones de Luis Alberto Mazurier, Cintia del Rosario Mengeón y Alberto Villanueva”. A Mazurier se le imputan 4 hechos: Peculado, Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, omisión de deberes de funcionario y abuso de autoridad. “Todos ellos con referencia a la Tortuga Alegre, Termas del perilago, y administración del Ayui. A Menegon y Villanueva sólo se les imputan el hecho relacionado con el Ayuí”
Siete años de investigación
Respecto del tiempo que les llevó la investigación y teniendo en cuenta las diferentes denuncias, tanto de empleados de Codesal como de otros funcionarios públicos, Lafourcade reconoció que en varias oportunidades habían advertido este tipo de situaciones del tipo laboral e impositivo, pero explicó que la fiscalía no contaba con los medios necesarios para hacerle frente a hechos tan complejos. “El ministerio publico fiscal no cuenta con los medios para investigar y hacen falta recursos humanos por sobre todas las cosas”, denunció el fiscal. “Hay que pensar que aún no se reglamentó la creación de la fiscalía provincial, que investiga los hechos contra la administración pública y que estará bajo la órbita del procurador de la provincia. Entonces, alguien tiene que investigar estos delitos aunque sea de manera artesanal”
En el mismo contexto, remarcó que el procurador “no puede hacer magia” ni generar recursos solos “ni nosotros nos podemos poner a vender choripanes y así recaudar plata para poner gente”, ironizó y añadió que si a la procuración de la provincia no se le dan los medios y no se le crean figuras, no nos podemos poner a dictar leyes. “Uno con lo que tiene y con lo que puede trata de cumplir con su deber. El debate es mucho más amplio de lo que yo estoy en condiciones de dar. Diría que es meterse en la política para saber en principio, a quiénes se les asignan los recursos de la provincia”
Posteriormente señaló que “lo más gracioso” es que ni siquiera saben del monto total en cuanto a las imputaciones de Mazurier y compañía porque no hay documentación de cuánto al dinero que entró y salió de las arcas del estado. Más precisamente, de las termas del perilago y Tortuga Alegre. No obstante, aclaró que del hotel sí se va a poder determinar qué dinero ingresó y egresó, al menos de lo que esté facturado. Pero en lo que respecta al resto la fiscalía ha vuelto a remitir oficios a todas las instituciones en las que debería haber habido una rendición de cuentas. “Yo soy recontra optimista, si bien me encontré con muchos obstáculos y muchas sorpresas de la administración pública, hay otros que cumplieron bien y eso da cuenta de que no está todo podrido y que aún hay gente que cumple con su trabajo”, destacó.
Algunos Obstáculos
“Una de las instituciones con las que me encontré con un obstáculo importante fue la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”, denunció el letrado, “en esa oportunidad, su asesora legal directamente me contestó que no me iba a responder ningún oficio”. Agregó también que le sucedió lo mismo con la Dirección de Personas Jurídicas en donde estuvo durante dos años pidiendo información y le pasaban muy poca. “No es que no me contestaban una carta documento, me negaban información sobre la firma que tenia la concesión del hotel", denunció. "Esto es complejo y tedioso, así como hay gente que cumple con su trabajo hay otros que no y así es como se llega a la corrupción”
Teniendo en cuenta que la investigación comenzó en el 2010, cuando Sergio Urribarri era el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Lafourcade confió que se encontró con "muchos más obstáculos" en aquella oportunidad aunque recalcó la importancia de separar lo que son las responsabilidades políticas de las penales. “Acá no rige la ley de Obediencia Debida. No importa si un funcionario político te dice que hagas una u otra cosa, se tiene que hacer lo corresponde. Las responsabilidades políticas no tienen nada que ver con las responsabilidades de un empleado público tenga el cargo que tenga. No hace al caso el gobernador de turno, si alguien no me da información el responsables es él y no el político” aclaró.
En ese contexto, explicó que en aquella gestión fue muy cuestionado el tribunal de cuentas y sin embargo cumplieron todos con sus trabajos y cada uno de sus empleados respondió a cada solicitud. “Al que incumple hay ponerle nombre y apellido porque si no se diluyen las culpas”, sentenció. “En la actualidad yo he tenido ayuda por suerte de manera rápida tanto de la Codesal como del Ministerio de gobierno, he enviado mas reparticiones y mas oficios y he obtenido respuestas de cada uno de los administradores públicos”
Para finalizar, Lafourcade adelantó que Mazurier, Mengeón y Villalba ya fueron intimadas y se han presentado a cada una de las veces que los han citado. “En el estado lo más delicado que hay es el ser acusado por el Ministerio Publico Fiscal y tienen derecho a defenderse”, aclaró. “Falta un tiempo todavía que incluye el hacer las nuevas imputaciones y falta que nos lleguen las pruebas que se tienen que hacer una vez que estén las personas notificadas de su imputación”
