“Empezar todo de nuevo para los que hemos andado en la temática sabemos que es demasiado engorroso. Una familia que tiene que lidiar con esto permanentemente. Es desgastante y creo que no es meritorio que se lo hagan a la persona con discapacidad. Si bien hay necesidad de corregir errores, no es la forma como se está procediendo. Creo que hay otras formas que se pueden ir tomando por grupos y revisar”, indicó Armanazqui.
El edil reiteró que, en los casos en que no corresponde, se los debe exceptuar del beneficio. Pero dijo que ha escuchado “barbaridades” de funcionarios cuyos argumentos dados a conocer en forma pública dan cuenta de que tienen “cero sensibilidad humana”. Por ello dijo que esperaba que se pudiese corregir lo más rápido posible.
“He visto en algunos medios de comunicación a nivel nacional que quieren fundamentar esto. El gobierno nacional funciona en base a ensayo y error. Si pasa, pasa y sino: ‘fue un error, corregimos’. Pero ese error lo miden numéricamente y no lo miden humanamente. Y ese es el problema cuando hay personas de por medio. Esa es la diferencia de los técnicos y los políticos técnicos. El técnico mide todo numéricamente y en una gestión no son todos números: estamos hablando de seres humano y cuando se perjudica se perjudica gente y no números”, recalcó.
“La gran mayoría de las personas que tiene una discapacidad a veces no les alcanza ni siquiera para las cuestiones terapéuticas. Ni hablar de medicamentos y otros gastos que tienen que conlleva el tratamiento de una persona con discapacidad”, mencionó.
El edil dijo que cualquier familia ‘normal’ tiene gastos comunes y corrientes. Pero si hay un integrante que padece alguna discapacidad esto se acentúa. “Necesitás un acompañante terapéutico, si necesitás llevarlo al médico te puedo asegurar que tenés que llevarlo el doble o el triple de veces que otras personas. Si es un calzado, es más probable que el calzado sea especial, de ortopedia. Puede necesitar una valva (producto para inmovilizar partes del cuerpo) o una silla de postura”, dijo.
Si bien mencionó que hay obras sociales que se hacen cargo en forma parcial de los gastos, la situación de esas familias es compleja. “Y que hoy se vean afectados de esa manera da mucha pena, mucho dolor. Yo veo a gente hasta a nivel local queriendo justificar y realmente no sé en qué parámetro se basan para decir que está bien. Si hay injusticias y hay gente que está cobrando pensiones de esta naturaleza que no le corresponden, obviamente que se la tiene que sacar porque eso le quita la posibilidad a otra persona de acceder a ese beneficio pero hacerlo de forma tan brusca sin tener en cuenta a los que hoy están recibiendo, creo que es inadmisible”, manifestó.
Más adelante, señaló que el municipio puede organizar alguna ayuda eventual como la entrega de comestibles, acompañamientos para trámite, un traslado o la entrega de una valva. “El área de Discapacidad lo puede llegar a hacer. Pero convengamos que el municipio con lo que estamos pasando con las inundaciones, realmente llegamos a un momento que las arcas municipales no dan para cubrir todo. No nos podemos hacer cargo del costo económico por el quite de las pensiones”, señaló Armanazqui.
No hay datos acerca de la cantidad de damnificados por el recorte. El edil sostuvo que no tienen necesidad de acudir al municipio y realizan los reclamos por cuenta propia ante la Nación. “Me he enterado de algunos casos y a algunos otros ediles también les han reclamado. Estamos tratando de enviarlos a la Dirección de Discapacidad”, indicó.
El proyecto, en sus considerandos, menciona que el resultado de la misma causa enormes perjuicios para quienes se han encontrado con que en sus cuentas bancarias les informa que tiene cero pesos. Que no han tenido aviso previo lo que agrava la situación económica-social de los perjudicados, llenando de angustia, incertidumbre y muchísima impotencia.
Además se hace alusión a la aplicación del decreto N° 432 del año 1997 para establecer el criterio con el cual se asigna pensiones, decreto que es contrario a la “Convención de los Derechos de las personas con discapacidad”, el cual desde el año 2014 tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad como sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.
