Francolini ejemplificó que un matrimonio entre un empleado de comercio y un docente. Si se suman ambos ingresos, quedan fuera. Lo mismo entre un agente de policía y un docente o dos empleados municipales. “Por decir dos sueldos comunes”, dijo.
En Concordia, en este sorteo que se va a hacer en breve, los ingresos de quienes se anotaron rondan entre $ 10.000 y $ 25.000. Hay 3.000 personas inscriptas para 300 viviendas. “Si se aplicara la resolución, el 73 % de los inscriptos quedarían fuera”, resaltó.
Más adelante, Francolini dijo que enviaron una propuesta para subdividir entre distintos niveles de vivienda. En la parte inferior de la pirámide, a quienes sólo reúne hasta un salario mínimo vital y móvil ($ 8.000), el segundo escalón para quienes acrediten entre uno y dos salarios ($ 16.000) y el último entre quienes ganen de dos a tres salarios mínimos ($ 24.000). “Ya que ellos tanto hablan de salarios mínimo, vital y móvil. Con esta franja no dejaríamos afuera a ningún nivel, ni siquiera al que no gana nada”, señaló.
Una cuota promedio del IAPV es de $ 3.500, el valor promedio de un alquiler. No obstante, Francolini dijo que quienes ganen menos no pueden pagar esa cuota. “Lo que decimos es que pague una cuota que es muy inferior, el de término medio que pague los $ 3.500 y el que gana más que subsidie al de más abajo. O sea que las cuotas sean de acuerdo al nivel de los ingresos que tengamos, siempre subsidiada por el Estado Nacional u provincial sino no podríamos estar hablando de esos valores”, señaló.
“La respuesta de ellos es que con estas medidas de bancarizar todo harían más cantidad de viviendas pero una cosa no quita la otra. Creo que tiene que estar bancarizado un sector para aquel que puede calificar y puede tener otros niveles de ingresos grandes y me parece bien que se proyecte hacer viviendas porque la demanda cada vez crece más. Cada vez más viviendas son solicitadas en los institutos pero hagamos viviendas para los tres niveles. Que haya para todos”, indicó.
Más controles
Francolini dijo que el hecho de que el gobierno nacional se plantee pagar en forma directa a las empresas no los perjudica. “Cuando viene (el dinero) automáticamente se lo depositamos. Lo único que podemos hacer cuando viene para pagar una obra determinada, ese fondo lo tenemos que destinar a esa obra. Ni siquiera cuando viene, por decir un ejemplo, para pagar una obra en dos ciudades, por decir Chajarí, no podemos pagar una obra en Concordia”, indicó.
En consecuencia, sostuvo que las únicas perjudicadas con las medidas mencionadas son las empresas constructoras. “A veces estamos hasta tres meses que el gobierno no nos manda el dinero y nosotros con fondos propios vamos adelantando, poniendo un poquito a cada una de las empresas para que las obras, si bien merman en el tiempo, se hacen más lentas, no se paralicen”, indicó.
Asimismo, dijo que los controles exhaustivos que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que iban a hacer en estos momentos ya se están efectuando cada tres meses. “Tanto en obras como en la parte administrativa. A nosotros no nos preocupa”, dijo Francolini.
En ese sentido, señaló que en Entre Ríos en los últimos años tenían un promedio de más de 4.000 viviendas en ejecución. “Si entregábamos 500, nos licitaban de vuelta 500 y nos manteníamos más o menos en esos números”, dijo. Mientras que en la actualidad están construyendo 2.600. “Y si este año entregamos 1.900 y no nos dan nuevas, nos quedamos con 700 en construcción”, dijo. El año pasado, el IAPV sólo fue autorizado a licitar 315 viviendas para toda la provincia.
El presidente del IAPV indico que los fondos para construir viviendas sociales provienen del FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda) que sale del ITC (Impuesto a la Transferencia de los Combustibles) además del recupero que proviene de las cuotas a los adjudicatarios. En promedio, la Nación envía a Entre Ríos unos $ 40 millones en forma mensual. “Eso es lo que a veces se atrasa, a veces no pero hace mucho tiempo que no están al día”, indicó.
Por ejemplo, Francolini dijo que la Nación, por ejemplificar un caso, le autoriza a licitar 300 viviendas en Concordia, envían dos tercios de la obra y el IAPV se hace cargo con fondos propios el tercio restante y las redeterminaciones de obra.
Fin de convenios
Más adelante, el titular del IAPV expresó que los convenios que tienen con distintos sindicatos como los municipales, Uocra, CEC, Gastronómicos o las cooperativas que compran terrenos para que el Instituto edifique las viviendas, ya no podrán pasar más por el IAPV. En consecuencia, deberían agruparse como asociaciones públicas-privadas pro tratarse de entidades intermedias.
“Muchas cooperativas y gremios están comprando los terrenos, pagándolos en cuotas, con la expectativa de que el IAPV les haga la vivienda. Hoy eso no estarían contemplado”, dijo.
