El presidente del Colegio de Abogados, el doctor Enrique Marciano Martínez aseguró que “el Colegio debe tener su voz, no solo en lo que nos afecta profesionalmente, sino también en todo lo que concierne a los derechos y garantías de nuestros comprovincianos y al funcionamiento de la Justicia. Tal como sucedió en numerosos proyectos de ley que inciden en la justicia, los derechos y libertades fundamentales y la propia profesión”.
Martínez, que es candidato a renovar mandato por la Lista Azul y Blanca en las elecciones del próximo 17 de marzo, llamó a unirse a fin de elaborar una verdadera Política de Estado, convocando a todas las fuerzas políticas y sociales entrerrianas para llevar a la Justicia definitivamente al Siglo XXI. Remarcó que es necesaria “una política pública presidida no por criterios de oportunidad política partidaria, sino desde el conocimiento de la realidad de nuestro servicio de justicia provincial y del trabajo de todos los que actuamos en dicha Administración, y en ningún caso desde actitudes complacientes y circunstanciales que, a la larga, deriven en una mayor y más profunda insatisfacción del ciudadano que peticiona justicia”.
Modificaciones
“En lo personal soy partidario de mantener la estructura actual del Superior Tribunal de Justicia, esto es conservar las tres salas, cada una con sus respectivos tres miembros. En este sentido debe primar un criterio de especialidad. La vida social se ha complejizado y el derecho también. Necesitamos especialistas en cada una de las tres materias básicas del derecho argentino, ya que no es lo mismo decidir en temas penales, civiles o laborales. Sus principios y fundamentos son distintos. Si se eliminan las salas, se afectaría el principio de efectividad, ya que esto llevaría más tiempo y se perdería idoneidad”, aseguró Martínez.
Además, resaltó que “las salas no deben abandonar la potestad de fijar la política judicial en cada materia. Es necesario que la Sala Penal establezca la política criminal en Entre Ríos, así como la sala del Trabajo fije la política de empleo o de riesgos del trabajo, en igual sentido la civil y comercial en las innumerables materias de su competencia. Y el fuero penal no se puede agotar en la Cámara de Casación, que actúa como órgano de segunda instancia por exigencia constitucional. Por sobre ella debe existir un órgano que integre el Superior Tribunal de Justicia”.
El letrado agregó que sería oportuno regular razonablemente la facultad del STJ de designar magistrados provisorios (art. 202 de la Constitución provincial) hasta que se los designe por el sistema constitucional.
El abogado no es “auxiliar de Justicia”
Para Martínez, el abogado es un “actor esencial al servicio de justicia” y por esto, cree que “se debe retirar de la vieja ley la calificación de auxiliar de la justicia para los abogados. Auxiliar es el que ayuda, sustituye, colabora, asiste, con carácter secundario, complementario y eventual o contingente. No hay justicia sin abogados. Somos actores esenciales, fundamentales. Los abogados somos los que convertimos los reclamos de los ciudadanos en peticiones judiciales, permitiendo el acceso a la justicia. Garantizamos con nuestra presencia el debido proceso y la defensa en juicio, controlamos esos actos del estado que disponen de los derechos de los argentinos para que sean sentencias fundadas en la Constitución”.
Sobre la Feria Judicial
En relación al debate sobre las ferias judiciales, el presidente del Colegio de Abogados tiene una postura clara: “se deben mantener como es la tradición judicial argentina, ya que sino se afectaría el ejercicio independiente de la abogacía” y remarcó que durante esos períodos, “la Justicia sigue funcionando”.
Destacó que “el abogado hace trabajo intelectual y físico, con su presencia en tribunales y en las oficinas de las distintas administraciones públicas. El descanso anual hace a la esencia misma de la dignidad humana y a la protección de la salud de todos los que trabajan. Los tribunales de feria siguen trabajando durante la feria judicial en cuestiones de familia, penal y en las que son urgentes en materia civil, comercial y laboral, por lo que la sociedad no se ve impedida de acceder a la justicia”.
“El Colegio debe convocar a todos sus matriculados para que aporten sus opiniones sobre la ley orgánica del Poder Judicial. Como sucedió con la reforma constitucional en el año 2008 y en 2016 con las leyes de Honorarios y de Colegiación”, agregó el letrado.
Por último, el doctor Martínez remarcó que en esta reforma se debe unificar las regulaciones de honorarios de todos los peritos a fin de evitar la multiplicidad de normas regulatorias, incongruentes con el proceso.
