En ese contexto, Jáuregui explicó que si existe alguna conducta culposa dentro del código penal que haya influido en la causa de un daño, tiene una repercusión civil en cuanto a la reparación por ese daño. "Las acciones u omisiones y los incumplimientos de los deberes de los funcionarios, comprometen la responsabilidad del principal, que en este caso, es el municipio", explicó el querellante y agregó que en ese sentido están "satisfechos" con el avance de la investigación de las conductas que comprometen al ente de control en cuanto a la habilitación del boliche y al procedimiento posterior. "Esto nos permite a nosotros consolidar la base probatoria para accionar contra la municipalidad"
"No es una colaboración, es un deber"
En tanto, es importante remarcar que la posibilidad de llegar a un acuerdo integral de resarcimiento económico involucra también al estado provincial. Según el abogado, si el criterio es endilgar conductas irregulares a funcionarios municipales por su desempeño, es seguido por una cadena fáctica que es el traslado posterior en ambulancia sin personal médico, ni protocolos de seguridad, ni elementos adecuados. Y recae aquí el estado provincial. "Está comprobado que sólo asistió al lugar una persona: el chofer de la ambulancia. Cuestión que es habitual, ya que hablando incluso con responsables del municipio ellos mismos reconocieron que este suele ser así".
Respecto al grado de responsabilidad que tiene cada actor, el letrado informó que esta semana se reunirá con el intendente Cresto a los efectos de evaluar una solución y el acompañamiento de la provincia "que hasta ahora no se ha manifestado en absoluto". Además, remarcó que su criterio es que la provincia y el municipio no tienen que ayudar sino que tienen que pagar lo que deben. "Acá no se trata de una colaboración, ni solidaridad por cuestiones humanas o presión social o mediática, sino que es una responsabilidad que tienen los gobernantes de acudir en reparación del daño causado por sus dependientes y no es una cuestión que se le endilgue al funcionario de turno, sino, es la responsabilidad por el sólo hecho de estar frente al organismo".
"Mejor un mal acuerdo que un buen juicio"
De esta manera, el querellante celebró que por el momento el municipio tiene intenciones de avanzar en un acuerdo integral y recordó que, a fin de evitarle a la familia de Bruno el padecimiento de una proceso de 10 años que termina en la corte y teniendo en cuenta la jurisprudencia de la provincia de Ente Ríos, consideramos que siempre un diálogo será más rápido que un juicio. "Yo soy conciliador y exhorto a arreglar este tema por fuera. Entendemos aquí que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio". Agregó además que se han reunido también con los dueños del boliche "Costa Cruz" y que hasta el momento no se han manifestado en contra. "Pero el que tiene las llaves para accionar es el municipio y no el boliche, ellos tiene las armas para futuras habilitaciones y de lo que pueda venir y del pasado también", señaló Jáuregui. "No es que no queremos que no funcionen más los boliches, sino que lo hagan correctamente y que trabajen para reparar el daños causado ahora".
Finalmente, el querellante volvió a hacer hincapié en que la responsabilidad civil y penal puede involucrar a más gente. "Yo insisto, les puede traer mucho dolor de cabeza a los funcionarios que tengan expectativas políticas, ya que las penas de accesoria pueden ser complicadas como la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos", sugirió. "Hay multiplicidad de tipos penales eventualmente transgredidos, pero en realidad ninguno va a terminar preso porque estamos frente a un delito culposo y aún no está clara la responsabilidad personal de cada funcionario, pero en cualquier supuesto siempre comprometen irremediablemente al estado municipal en cuanto a la reparacion civil".
