“Estamos esperando tener alguna comunicación con la gerencia. Somos todos compañeros afiliados al sindicato (de Aceiteros y Desmontadores de Entre Ríos), que tomamos la decisión de no entrar a la fábrica acompañando a los despedidos”, expresó a El Día el delegado sindical Diego Leiva, quien denunció “una persecución sindical”, ya que “se ha despedido a compañeros por afiliarse al sindicato, entre los echados están algunos que han apoyado ciertas medidas, como fue en el 2007 los 25 días de la huelga nacional”.
Con respecto a la continuidad de a medida de fuerza, Leiva ratificó la asamblea es por tiempo indeterminado, hasta que “se reincorpore a todos los compañeros despedidos”, aseguró el delegado sindical, al tiempo que remarcó “el apoyo de la Federación Aceitera y sindicatos de San Luis, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, que se han predispuesto a venir a acompañar esta lucha”.
Hace algunos años, Entre Ríos Crushing viene realizando una reconversión interna –en líneas generales, el paso de producir aceite y harina a producir alimento balanceado para animales–, acompañada de una fuerte inversión en las propias instalaciones del PIG.
Martín Echeguía, presidente de la firma, explicó a El Día la situación de la empresa que conduce y las razones de los despidos. “La empresa tiene que hacer una reestructuración y tiene que hacer viable la inversión hecha. Sobre todo, para mantener los 85 puestos de trabajo que van a seguir de acá en adelante”, indicó y cuestionó los “cambios de política del gobierno nacional” con respecto a los derechos de exportación.
“El gobierno había dicho que iba a bajar un 5 % las retenciones al complejo sojero (de 5% las llevó a 0%) y que las iba a quitar a otros cereales, como el maíz, el trigo, etc., y cumplió, las bajó. Después, a mediados de enero, nos enteramos que subían de 0% a 20 %, eso se hizo efectivo inmediatamente. Y después, en abril, subieron el impuesto de 20 % a 25 %”, argumentó Echeguía para explicar la “pérdida de rentabilidad” de la empresa.
Asimismo, dijo que “por todos los medios” hablaron con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Agricultura, pero “no se pudo hacer nada” (para modificar esta política). “Sabíamos que iba a pasar (el aumento en el impuesto) en un período de cuatro o cinco años, de acuerdo a lo que había dicho el gobierno en campaña, pero sucedió de un día para el otro”, manifestó.
Ya en 2015 la firma había comenzado el proyecto de la planta nueva, ubicada en el mismo predio del PIG, lo que demandó una inversión millonaria. La misma –volcada a la producción y exportación de alimento balanceado para animales– comenzaría a funcionar dentro de 60 días, pero “con otra estructura de costos”, ya que “con la actual es imposible”.
“Va a ser una planta modelo, que necesita una determinada estructura para ser rentable. La estructura anterior no era rentable, por eso en diciembre ofrecimos a todo el personal, incluidos todos los gerentes, un plan de retiro voluntario, al que se adhirieron cinco personas nada más. Por eso se tuvo que proceder al despido de 17 trabajadores”, explicó el presidente de la empresa.
Respecto al conflicto, aclaró que “la planta está cerrada por mantenimiento” y que seguramente deberá intervenir el Ministerio de Trabajo para darle una solución.
