Alasino planteó en su Amparo la inconstitucionalidad del Reglamento de la Cámara de Diputados que disponía el pase de la denuncia contra Chiara Díaz a la Comisión de Asuntos Constitucionales, sosteniendo que el tema debía ser tratado por una Comisión especial de investigación y no una permanente del cuerpo.
El Tribunal, aunque, a diferencia de la jueza de primera instancia, admitió la legitimación de Alasino para promover el amparo, rechazó por unanimidad tal postura.
Entre otros argumentos, remitiendo a la sesión de la Convención Constituyente entrerriana de 1933, en la cual los convencionales de entonces, sin disidencia, y en forma expresa, aceptaron que el Juicio Político se tramitara a través de una comisión permanente designada por la Cámara.
Alasino peticionaba además la “inconstitucionalidad del procedimiento”. Petición que también fue rechazada pues la inconstitucionalidad sólo puede ser planteada respecto de normas generales y no de un “procedimiento”.
