En efecto, el proyecto que recibió media sanción en la Cámara de Diputados reglamenta el Jurado de Concursos que prevé la constitución entrerriana para designar al presidente y vocales del Tribunal de Cuentas, tesorero y contador general de la provincia. El Jurado estará integrado por un representante del poder Ejecutivo, dos miembros del Colegio de Abogados o de Contadores según sea la vacante a cubrir; dos miembros del sector académico y dos representantes de las asociaciones civiles que tengan por objeto la transparencia y la ética en la función pública.
“Para acotar aún más la discrecionalidad debió haberse establecido que la elección de los seis miembros que corresponden a los colegios profesionales, el sector académico y las asociaciones civiles no se dejara al exclusivo criterio del gobernador de turno, sino que estos se eligieran mediante sorteo de las listas que previamente se deben presentar tal como lo preveía nuestro proyecto de ley”.
En efecto, la norma sancionada fue elaborada con bastante premura en horas previas a la sesión de este miércoles 06 de julio en base a la iniciativa de ley del diputado Monge presentada en septiembre de 2014, con aportes tomados de los proyectos de la diputada Romero y Kneeteman.
En el debate en general, Monge repasó sintéticamente la historia del Tribunal de Cuentas hasta remontarse a la década del ’90, cuando “los controlados quitaron facultades a sus controladores” en obvia referencia a la ley 8738 y a la Comisión Investigadora creada por Diputados bajo el pretexto de analizar e investigar la actuación del Tribunal de Cuentas, la Comisión allanó el Tribunal, secuestró pruebas que comprometían a los propios diputados en el famoso caso de corrupción de las cajas de alimentos durante el primer gobierno de Busti. “Este bochorno, fue tal vez el mayor escándalo institucional de la provincia en el siglo XX estando vigente la democracia, que tuvo como corolario que a uno de los controlantes se lo destituyó con un jury” dijo en elíptica alusión a Rubén Morel.
Monge, en declaraciones a la prensa recordó que en 1983, durante el primer gobierno de Montiel, – en épocas de mayor calidad institucional en Entre Ríos – la presidencia del Tribunal de Cuentas, fue ejercida por un dirigente del Justicialismo debido a la propuesta del propio Poder Ejecutivo de entonces, para finalmente ponderar los acuerdos alcanzados más allá de algunas disidencias, y apostó a que el mismo criterio impere cuando se deba sancionar la nueva ley orgánica del Tribunal de Cuentas para adecuar este organismo a las prescripciones de la reforma constitucional de 2008.
