Quien suscribe un amparo para disminuir la tarifa, porque está en contraposición del aumento de este año, está yendo en contraposición del gobernador Gustavo Bordet, en contraposición de la política del gobernador, con quien estamos colaborando permanentemente para que esta provincia salga adelante. Estos funcionarios que han interpuesto una medida y ponen en crisis el sistema eléctrico, deberían dar un paso al costado”, apuntó Rodríguez Allende. Esta semana se conoció el segundo fallo en contra de los aumentos.En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Marcos Rodríguez Allende se refirió a los Amparos presentados en contra del aumento de la tarifa eléctrica. “Lo que resta es esperar la última decisión judicial. Quien tiene la última palabra es la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ, quien en definitiva, en este momento le corrió vista al Procurador General de la provincia (Jorge García), para que se expida sobre la legalidad o no respecto a las tarifas en la provincia. La última decisión se va a tomar en la esfera de lo que se pretende judicializar, porque estos Amparos son individuales y no colectivos. Esto sentará un precedente judicial para los futuros que se están tramitando”, explicó el titular del EPRE.
Agregó que a partir de una “somera lectura de los fallos, nadie cuestiona la tarifa en sí, sino el procedimiento por el cual llegamos a aplicarla”. “Pero el procedimiento es complejo, no es una decisión que se haga de la noche a la mañana. Hay muchos componentes técnicos de distintos factores que componen y conforman la tarifa”, señaló. Luego dijo que “las 18 cooperativas eléctricas que conforman el sistema de distribución en la provincia más la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa), se basan a partir de la tarifa”.
Dos integrantes de la Cámara Contencioso Administrativa -un tribunal especializado en servicios públicos-, se pronunciaron de alguna manera en contra del EPRE. Por otro lado, detrás de los recursos de Amparo, aparecen personas que son o fueron funcionarios públicos, como el director del Túnel Subfluvial, Juan José Martínez; el secretario de Trabajo, Oscar Balla; y Pedro Raiteri, vinculado al ex viceintendente Gastón Grand, y mano derecha del ex presidente de Sidecreer Juan José Canosa.
“Nosotros hablamos sobre esto en el gobierno. Pero las decisiones en cuanto a la tarifa eléctrica no son cualquier cosa o tontería. Una decisión que pueda tomar el STJ que retrotraigan cinco meses para atrás la tarifa, las distribuidoras colapsan, y colapsar el sistema eléctrico sería catastrófico. Quien suscribe un Amparo para disminuir la tarifa eléctrica, porque está en contraposición del aumento de la tarifa este año, es ir en contraposición del gobernador Gustavo Bordet, es ir en contraposición de la política del gobernador, con quien estamos colaborando permanentemente para que esta provincia salga adelante. Estos funcionarios que han interpuesto una medida y ponen en crisis el sistema eléctrico, deberían dar un paso al costado”, lanzó Rodríguez Allende y subrayó: “Calculo que habrán presentado la renuncia y el gobernador las estará evaluando, porque acá hay una cuestión hasta ética, moral y profesional”.
Ante la consulta sobre por qué no se hizo una audiencia pública, tal como lo prevé la legislación, el titular del EPRE sostuvo: “No coincidimos al respecto, porque a la audiencia pública la hicimos. En los fallos hablan de diferencia de porcentajes. Pero no hacen lugar al no pago y retroactivo de la tarifa. Los camaristas dicen que la resolución del EPRE es válida respecto del 19 por ciento, y eso surgió de una audiencia pública. Pero hay otros porcentajes y componentes de aumentos que los técnicos determinaron que no eran necesarios de someter a audiencia pública. Nosotros cumplimos con la forma, pero en el aumento también se dieron otros componentes. Uno por ejemplo, que es gravitante, es el precio de la energía cuatriplicada a nivel nacional. Yo no puedo hacer que ese componente baje, porque no soy competente para determinarlo. El segundo componente que se cuestiona es otro pequeño ajuste que se basa en contratos de concesión, y son convenios que el gobierno firmó en 2013 con distribuidoras, y prevén un porcentaje gatillo, de acuerdo a la inflación. Entonces se ajustaron varios períodos, porque debimos reajustar los dos años de tarifa congelada”.
“Nosotros entendimos que para estos dos últimos componentes no es necesario una audiencia pública. Pero en el supuesto caso de que la Justicia entienda que si es necesaria la audiencia, la haremos. Esto es sencillo, nadie cuestiona que la tarifa sea razonable”, asentó.
Luego, cuando se le repreguntó por las renuncias que deberían presentar los funcionarios, según su criterio, Rodríguez Allende se retractó: “No soy quien para estar pidiendo la renuncia de nadie. Lo que estoy diciendo es que si algún funcionario interpone una medida judicial en contra de las decisiones de la gestión de gobierno, es antiético o amoral. Me parece que cada funcionario tendrá que tomar la decisión que le parezca, pero es una impresión mía, no es que estoy pidiendo que cada funcionario renuncie”.
“Todos los días me reúno con fiscal de Estad (Julio Rodríguez Signes); y con el ministro de Economía (Hugo Ballay) también todos los días. Con el fiscal de Estado trabajamos en los feriados que pasaron respecto de los amparos y el aspecto jurídico. Pero a la cuestión política se la transmití al fiscal de Estado y también al ministro de Economía. Pero es una cuestión personal mía. Me parece fuera de lo ético que funcionarios vayan en contra de una decisión política de gobierno”, remató.
