A pesar de las acusaciones el magistrado Gonzalo Curiel no es mexicano. El juez nació en 1953 en el Estado de Indiana y se graduó en la escuela de leyes de la Universidad de Indiana en 1979
Curiel ordenó el pasado viernes que se publiquen los documentos internos de la universidad en el marco de una demanda colectiva contra la institución, que ofrecía clases de gestión en el sector inmobiliario. El diario The Washington Post solicitó que se levante el secreto del sumario, ya que la información es relevante políticamente para ese país, porque el acusado es el posible presidente. El magistrado le ha dado la razón al diario.
Los documentos deberán hacerse públicos antes del día 2 de junio, según un dictamen pronunciado el mismo día que Trump seguía lanzando ataques contra Curiel en un discurso en San Diego. “Creo que el juez debería estar avergonzado de sí mismo, es una vergüenza que esté haciendo esto”, declaró. “Lo que ocurre con el juez es que resulta ser, eso creemos, mexicano. Lo cual es maravilloso. ¿Saben qué? Creo que los mexicanos van a acabar enamorándose de Donald Trump cuando yo dé todos esos trabajos”.
El millonario candidato se enfrenta a dos grandes denuncias relacionadas con la Universidad Trump. La primera es una demanda colectiva en California que acusa a la entidad de seducir a los estudiantes de seminarios para registrarse en cursos por un coste de hasta 35.000 dólares bajo la promesa de recibir la instrucción de expertos elegidos personalmente por Trump.
La otra demanda fue interpuesta por el fiscal general de Nueva York en 2013 y le acusa de defraudar a más de 5.000 personas a través de una universidad que nunca recibió licencia como institución educativa. El fiscal pidió una compensación de 40 millones de dólares en este caso y acusa a Trump, dueño del 93% de la institución, de haber operado un fraude que le aportó más de 5 millones de dólares.
