Las sospechas surgieron cuando el ministro Jorge Lemus se enteró de que el auto oficial en el que se movilizaba todos los días había sido adquirido a través de la UNER.
En la denuncia se consignaba que desde el Ministerio ingresaron fondos a la UNER, por intermedio de la denominada oficina o unidad de Vinculación Tecnológica (Vintec), y que con esas comisiones se adquirieron siete vehículos que fueron registrados e inscriptos a nombre de la UNER, pero que nunca fueron utilizados por dependencias de la universidad. En la presentación se indicó además que el rector, Jorge Gerard, habría concedido autorizaciones para conducir esos vehículos a personas que no son empleados ni tienen relación contractual con la universidad.
El 8 de marzo se realizaron allanamientos en oficinas del Rectorado y en el anexo donde funciona la Vintec, en Concepción del Uruguay. La Policía Federal secuestró documentación en carpetas y archivos de las computadoras, buscando datos de la ejecución y administración de los convenios y sobre las multas que la UNER habría pagado por infracciones de tránsito en distintos puntos del país y que habrían sido cometidas por personas a bordo de los vehículos en cuestión.
De resultas de la denuncia, incluso, el rector dispuso que se realice una auditoría interna de la Dirección de Vinculación Tecnológica.
Un mes después, la denuncia fue archivada. La noticia fue celebrada a través del portal de la universidad, donde se consignó que el director general de Asuntos Jurídicos de la UNER, Lucilo López Mayer, había sido notificado de la desestimación de la denuncia, a pedido de la fiscal Squivo, el archivo de las actuaciones y la entrega de los efectos secuestrados durante los allanamientos.
