Esta mañana fuimos notificados del procesamiento de los médicos y empresarios David Vainstub y Jorge Rossi, imputados por su participación en el robo y la supresión de la identidad de los hijos mellizos de los compañeros detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela.
Como habíamos sostenido los querellantes y la Fiscalía en los recursos de apelación, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la falta de mérito que había sido dispuesta por el juez Leandro Ríos y consideró que sí hay pruebas suficientes para llevar a juicio a los socios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) por su intervención en los hechos ocurridos en 1978. Recordamos que el mismo itinerario siguió el Poder Judicial con el director de la clínica, Miguel Torrealday: primero recibió la ayuda de Ríos y luego fue procesado por la Cámara.
Esta decisión vuelve a desestimar el argumento defensivo de que los médicos no se enteraron de lo que sucedió en su empresa, no atendieron a los bebés derivados al IPP desde el Hospital Militar de Paraná y no les dieron el alta para entregárselos a personas sin ningún vínculo con los padres.
Esa estrategia defensiva fue contradictoria con los testimonios de las enfermeras y con lo que nos indica el sentido común y tampoco los exime de sus responsabilidades. A pesar de ello, fue admitida por el juez Ríos, quien intentó poner a salvo a los médicos y entorpecer el avance de la causa; una conducta que también denunciamos en la pobre sentencia que dictó a fines del año pasado en que benefició a la mayoría de los genocidas de la megacausa Área Paraná.
Vainstub, Rossi y Torrealday se encaminan al juicio oral y público en la causa que llamamos “Melli”, por el bebé que hoy buscamos adulto, hermano de Sabrina, con quien nos reencontramos hace ya cinco años. Los doctores tienen cada vez menos margen para la mentira y el ocultamiento. Les está llegando la hora de la justicia. A 40 años del gope de Estado, a 38 años de los acontecimientos, están a tiempo de hacer memoria, hablar con la verdad y decirle a la comunidad paranaense y a nuestra hermana Sabrina Gullino Valenzuela Negro a quién le entregaron el Melli.
La resolución de la Cámara es un paso adelante en el proceso de memoria, verdad y justicia y es también un gran paso en la determinación de las responsabilidades de la sociedad civil, sus complicidades y colaboraciones con los crímenes del terrorismo de Estado.
¡Juicio y castigo a los represores militares y civiles!
¡Hasta encontrar al Melli y a los 400 hermanos que nos faltan no paramos!
