El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), como organismo de derechos humanos ha expresado: “la detención es producto de una causa penal que está armada de un modo similar a muchas que han pretendido criminalizar la protesta. A Sala se le imputan vaguedades y se le suman delitos para justificar una pena en expectativa que habilite su detención.
En este caso, vemos no solo la decisión de criminalizar la protesta haciendo una interpretación formalista del delito de corte de calle sino también una formulación general de la instigación al corte de una vía pública. Y además, se agrega el delito de sedición con una imputación peligrosa, vaga y arbitraria.
Y concluye “si se siguiera el razonamiento del juez Raúl Eduardo Gutiérrez, con las pruebas que se indican, cualquier liderazgo de una protesta social que se oponga a la implementación de una norma o de una resolución de gobierno podría implicar el delito de “alzarse públicamente para impedir la ejecución de una ley o resolución nacional o provincial”. El fiscal de Estado Mariano Miranda también sostuvo en declaraciones públicas que la detención tuvo que ver con que Sala “se alzara en contra de las decisiones gubernamentales”.
Tal como se ha expresado la CTERA nos pronunciamos por la inmediata liberación de Sala, en la defensa irrestricta de los derechos humanos, económicos y sociales; advertimos igual rechazo a toda acción similar que se pudiera producir en nuestra provincia y exigimos la derogación de la llamada Ley “Antiterrorista”, verdadero paraguas jurídico en que se mueven jueces que se especializan en criminalizar el derecho a la protesta, exigencia que ha resuelto reiteradamente el congreso de AGMER
