El 3 de septiembre pasado, una manifestación de ruralistas encerró a una decena de policías en el acceso principal a Casa de Gobierno. Estaban cubriendo la puerta principal y se les tiraba encima distintos elementos contundentes como cabezas de vaca, se les arrimaba los tractores encima, se los golpeaba con puños. "Y había dirigentes que arengaban esta situación, provocaban y esto no podemos dejarlos pasar. La sociedad lo tiene que conocer”, explicó el letrado. Pero aclaro que no se está acusando a todos los que estuvieron en la explanada de la Casa de Gobierno esa mañana.
El abogado sostuvo que todo el mundo tiene derecho constitucional a peticionar a las autoridades pero todo tiene sus límites. Y los límites son no agredir al prójimo en referencia a los efectivos policiales y “menos aún a la casa de todos los entrerrianos que es la Casa de Gobierno”.
“Lamentablemente en la ultima protesta rural hubo claras agresiones demostradas por distintas filmaciones y fotografías de distintos medios periodísticos”, sostuvo. En las imágenes se observan a 10 policías recibiendo agresiones de todo tipo. En consecuencia, esos hechos configuraron diversos delitos que son los que se están investigando. Entre ellos, atentado contra las autoridades y daños y lesiones graves. “Son delitos excarcelables pero son delitos importantes que hay que tenerlos en cuenta”, acotó.
“Mas allá de la repuesta que le gobernador Sergio Urribarri les dio formalmente a todas las agrupaciones rurales sobre lo peticionado. Más allá de esta circunstancia que es estrictamente propia de la gestión de gobierno hay paralelamente una cuestión que debe solucionar”, indicó el letrado paranaense.
El fiscal que estaba de turno ese día, Santiago Brugo, decidió iniciar una investigación preliminar preparatoria. “Y los 10 funcionarios agredidos tomaron la iniciativa de participar del proceso penal que se está llevando adelante”, explicó el letrado paranaense.
Siguiendo con la investigación, indicó que están prestando testimoniales los funcionarios policiales. “La mayoría de ellos van a declarar la semana que viene pero lo más importante que podríamos decir es que tuvimos hace muy pocos días una prueba fundamental que es la declaración de uno de los funcionarios que mas lesiones de gravedad tuvo”, explicó.
“El testigo pudo dar testimonio de las agresiones sino que además pudo reconocer entre siete u ocho personas con nombre y apellido y detallar el accionar que cada uno de ellos cometió”, acotó Rodríguez Allende.
“No queremos aventurar o dar a conocer los nombres para no entorpecer la investigación, los nombres y apellidos van a ser conocidos una vez que terminemos de tomarles declaración a todas las víctimas”, añadió el abogado querellante.
“Una vez que terminemos, va a surgir una imputación formal y ahí si que públicamente vamos a poder dar a conocer que es lo que hizo cada una de las personas y cual es la responsabilidad penal que les cabe. Cada uno tiene nombre y apellido y este nombre y apellido deberá responder ante la Justicia Penal”, añadió.
“Está faltando la declaración de otro grupo de funcionarios policiales que van a ratificar aun mas los sucedido y podrá ampliar mas los nombres que pueden haber intervenido en este accionar ilegal”, indicó el letrado.
Una vez que terminen la ronda de testimonios, Rodríguez Allende podrá informar con exactitud la identidad de las personas a las que se les va a pedir que presten declaración indagatoria.
