La Justicia hizo lugar al planteo de la Defensoría de Menores y ordenó que no se interrumpan las clases

Agmer señaló que apelarán el fallo “con fundamentos del derecho democrático y social, como siempre lo hemos hecho. No renunciaremos a ningún derecho de los compañeros  ni a ningún debate donde dejar asentados nuestros fundamentos”. Asimismo, remarcaron a los afiliados que de esta encrucijada saldrán “sosteniendo la libertad sindical, mayores derechos para nuevas conquistas y nuevos avances. Llamamos a redoblar los esfuerzos en el estado de movilización y en cada una de nuestras instancias de lucha resueltas respetando el estado de derecho, nuestras instancias democráticas y de manera colectiva. No creemos en liderazgos mesiánicos ni en arrestos individuales que por más heroicos que parezcan, no tengan la fortaleza y el respaldo de una organización colectiva histórica como Agmer”.

El juez de Menores de Paraná, Pablo Barbirotto, hizo lugar a la acción de amparo presentada por Benítez y Ballhorst, “en nombre y representación de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Entre Ríos”, contra Agmer, Amet y Sadop. Por ello, ordenó  a los demandados que continúen con los reclamos sectoriales de recomposición salarial “sin interrupción del servicio educativo que deben brindar hasta el cumplimiento efectivo y total del acuerdo judicial convenido  en fecha 6 de abril de 2015 en el marco de la conciliación obligatoria” Y aclaró que pueden “canalizar sus reclamos adoptando toda otra acción que satisfaga sus objetivos sectoriales, siempre y cuando no interfieran con el normal dictado de clases”.

No obstamte, desde Agmer señalaron  que “se equivocan estos jueces, totalmente ajenos a todo tipo de representación popular, si creen que el derecho a huelga se negocia. Se equivocan sus mandantes políticos, si piensan que este colectivo que se manifestó de manera masiva, horizontal y organizada, se va a doblegar con resoluciones que atacan la noción de derechos humanos que históricamente hemos impulsado, defendido y sostenido”.

“Repudiamos a estas autoridades que rifan su legitimidad institucional con una política que contribuye de esta manera a fortalecer una matriz ideológica neoliberal y reaccionaria. Rechazamos de manera absoluta que la huelga lesione el derecho a aprender de nuestros niños, y sí decimos que ese derecho se ve cotidianamente amenazado por las falencias en infraestructura, en transporte, en alimentación, en agua potable, en seguridad, prevención de salud e higiene laboral”, indicaron en otro párrafo.

Luego aseguraron que estas serían causales de una demanda contra el Estado provincial por “no garantizar los derechos sociales, ambientales, económicos, culturales y educativos de nuestros jóvenes, niños y adultos”. “Todas situaciones que no se resuelven con recursos judiciales sino con políticas de estado integrales, igualitarias y universales, por las cuales hemos luchado y seguiremos luchando”. 

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