Del encuentro participaron empleados de la empresa, productores de la zona, empresarios que venden la empresa y los empresarios que la quieren comprar. Además de tener contacto con los trabajadores, Navarro señaló que querían ver como está la empresa y que proyección a futuro tienen los empresarios. Encontraron que la planta está “en muy buenas condiciones” pero también observaron mucha preocupación entre los trabajadores por su futuro y el de sus familias. “La verdad es que hace mucho tiempo que no están cobrando sus sueldos ya que la empresa está paralizada”, dijo.
El secretario del sindicato de la Fruta, Alcides Camejo, indicó que se está haciendo todo lo posible para que salga “lo más pronto posible” ya que los trabajadores “no pueden esperar más. Están desesperados; hace seis y ocho meses que no trabajan y es una preocupación muy grande que tienen”. Pero, al mismo tiempo, admitió que los tiempos “que manejan los diputados y los senadores no son los tiempos de los trabajadores”.
Pero además indicó que hay productores que son proveedores preocupados para saber “cuando les van a pagar la deuda a ellos”. Asimismo entre los acreedores hay agencias de servicio y también la obra social del sindicato. “Nos deben mucho dinero”, indicó Camejo. El sindicalista aclaró que la prioridad es que los trabajadores se reincorporen. “Nosotros esperaremos si nos hacen efectivo lo que nos adeudan que son los descuentos que les han hecho que no han venido a la obra social”, dijo.
En Ayuí trabajan 1.400 empleados que viven en Concordia. Si se suman los trabajadores correntinos de Saladas y los transportistas que traen la fruta, la cifra crece a 1.600. Ayuí, Argencitrus y Salerno son las tres empresas que mayor cantidad de mano de obra generan en la ciudad.
Por su parte, Navarro dijo que los empresarios compradores están dispuestos a “hacer un esfuerzo” para ponerla en marcha nuevamente a pesar de que el contexto internacional “no es el más favorable”.
El legislador dijo que le llamó la atención el hecho de que los compradores están comprando una empresa que “vale menos que lo que se debe”. O sea, la deuda es mayor que lo que vale la empresa. Una fábrica nueva cuesta menos que pagar la cuantiosa deuda que tiene Ayuí.
Para dar un ejemplo concreto, hizo una comparación con elegir entre una vivienda usada que vale $ 120.000 o construir una nueva similar pero cuyo costo es de $ 100.000. “Cualquiera elegiría una casa nueva”, manifestó. Pero, al mismo tiempo, indicó que en la casa vieja hay 1.400 trabajadores que están esperando. “Si se hace la casa nueva quedan afuera los trabajadores y los productores a los que se les debe dinero”, señaló.
“Lo importante es que esta empresa siga funcionando”, dijo Navarro. Además señaló que si la empresa quiebra, el proceso que sobreviene luego perjudica a los trabajadores dado que son los últimos en cobrar sus indemnizaciones. “Por eso el Estado trata de salvar esa diferencia que está en el medio para que pueda venir los capitales de trabajo. Sino indudablemente corre peligros la venta de la empresa, se cae el acuerdo y la empresa pasa a una quiebra”, indicó.
El titular del bloque evaluó que el costo del préstamo para la Provincia va a ser mucho menor que el costo social si los 1.400 empleados se quedan sin trabajo. “Va a ser mucho más costoso sino intervenimos en este momento”, dijo.
Por ello Navarro descontó que se va a firmar el dictamen a favor del préstamo. El mismo va a pasar al recinto y si es aprobado será remitido al Senado. Camejo dijo que estuvo hablando con el senador provincial, Enrique Cresto, quien le dijo que van a tratar el tema “lo antes posible” para que “se preste esa plata y la planta abra sus puertas y empiece a trabajar”. “Ojalá que en el transcurso de esta o la otra semana estén aprobando esto”, añadió.
Navarro dijo que esperaba que participen los diputados de la oposición para que se interioricen de la cuestión. “No vino ninguno. Personalmente los había invitado en el recinto y les había enviado la invitación diciéndoles que hagan todo lo posible por estar presentes”, indicó.
Pero la oposición no concurrió a la reunión. Pedro Ullúa, diputado de la UCR, dijo que no ven viable el préstamo. En lenguaje coloquial, expresó que “los chinos no quieren poner un mango”. “Se quieren quedar con la empresa sin poner un mango. Si es por eso, que se las dejen a los empleados y que la exploten ellos”, indicó.
Ullúa dijo que está de acuerdo en otorgar el préstamo para que la empresa pase a los empleados. “Hagamos el esfuerzo y que quede entre los entrerrianos pero si se la damos a los chinos y encima pretendemos que la Provincia lo pague, ¿que negocio es para Entre Ríos’. Ninguno”, respondió. “Vamos a seguir siendo extranjeros en nuestro lugar. No tiene sentido”, añadió. Mañana los diputados radicales seguirán discutiendo el tema pero la postura parece definida.
Más tajante aún fue Lisandro Viale, diputado provincial por el Socialismo. El legislador dijo que ven con mucha preocupación la forma en que se está tratando el tema. “Con el argumento de conservar las fuentes laborales, que por supuesto a nosotros también nos preocupa, no puede ser de cualquier manera, de cualquier forma”, señaló.
Viale señaló que cuando China otorgó un préstamo a la provincia de $ 403 millones, Entre Ríos debió poner como garantía la coparticipación federal. “Entre otras cosas leoninas que se aceptó”, dijo. “Le vamos a prestar y nadie sabe que garantías van a poner para avalar los $ 20 millones”, señaló.
Además dijo que la provincia la que va a otorgar un préstamo a una empresa china que va a invertir $ 114 millones “para que se lo lleve Francisco De Narváez que en vez de generar empleo vende su empresa. Y dice que nos va a salvar de la crisis en Argentina”, reflexionó. Además dijo que hay un compromiso de los chinos de aportar $ 70 millones para reactivar la planta pero “no hay ninguna garantía de que eso se efectivice”.
Asimismo cuestionó la tasa de interés que se acordó, del 5 %, con un 1 % de punitorios en el caso que haya atrasos. “Eso también es irrisorio. Se imagina que se va a pedir un préstamo a un banco la tasa es mucho más elevada”, remarcó.
“Acá hay más interrogantes que certezas”, indicó. Viale dijo el argumento de proteger las fuentes laborales usaron para Cotapa. “Y las fuentes laborales tres años después no se conservaron y los aportes desaparecieron”, recordó. El legislador también adujo que el propósito de generar trabajo fue empleado para el caso de las “cosetruchas” por el cual “se robaron $ 8 millones los empresarios y funcionarios”. También trajo a colación el frigorífico San José. “Se estatizó para promover y ahora se privatizó. Cuando se estatizó se pagó mucho más que cuando se privatizó”, reflexionó.
“Ahora vienen con este otro cuento chino que si no mejoran las condiciones del proyecto que nosotros remarcamos, es muy difícil estar de acuerdo con eso”, indicó. “Parecería que hay gato encerrado, o chino encerrado, o cuento encerrado”, dijo por último Viale.
