Además, Carrió emitió una serie de acusaciones que se basan en un sistema de inteligencia ilegal y paralelo, el atentado a la autoridad por estorbo al acto funcional, abuso de autoridad, omisión de denuncia, intromisiones graves en el desempeño del Poder Judicial, violación del principio constitucional de la división de poderes, presión de manera mafiosa a los fiscales e incluso habiendo podido realizar operativos de inteligencia que pueden haber sido responsables del asesinato de Nisman, y asociación ilícita para la comisión de estos delitos.
"Pesa sobre la procuradora general, la responsabilidad de no haber preservado la vida de uno de sus hombres, un fiscal de la Nación amenazado, tanto como la constante persecución de fiscales independientes y una inadmisible presión sobre la fiscal a cargo de la investigación de la muerte de Nisman, Viviana Fein", expresó la diputada en la presentación.
Por su parte, el legislador de Unen Fernando Sánchez sostuvo en diálogo con Radio La Red que "estuviese o no involucrado el Poder Ejecutivo en esta investigación, en cualquier país del mundo el Ejecutivo dejaría a la Justicia actuar, no intervendría. En Argentina pasa todo lo contrario".
Sánchez señaló además que " la presidenta acusa a ciudadanos, dice cuál fue el móvil del crimen y los posibles culpables sin presentar un solo papel en la Justicia, si eso no es entrometerse en la causa, yo no sé que es".
"Esto es una causa que conlleva la conmoción de todo el país, hay un fiscal dudosamente muerto. Se activaron mecanismos políticos en conjunto y coordinadamente para que la causa termine contando una historia que la presidenta quiere que se cuente, y en eso interviene también Aníbal Fernández y la procuradora Gils Carbó", sostuvo el diputado.
