Luis De Diego, vendedor de vehículos usados, estaba acusado de falsificación de documentos y a cambio de la suspensión del juicio a prueba deberá pagar una multa de .000, en 14 cuotas iguales y consecutivas. Además, deberá cumplir tareas comunitarias durante 1 año y dos meses en un lugar que deberá proponer al tribunal dentro de los próximos diez días hábiles, según se dispuso ayer en la audiencia.
En tanto, el tribunal rechazó el pedido de probation que presentó otro de los imputados, el policía Miguel Ángel González, que realizaba las verificaciones de chasis, motor y documentación de los vehículos que De Diego ofrecía para la venta a terceros.
En este caso, los jueces Noemí Berros, Daniel Alonso y Mateo Busaniche señalaron que la suspensión del juicio a prueba no corresponde cuando se trata de un funcionario público que está acusado de haber cometido un delito en el ejercicio de sus funciones, por lo cual el caso se encuadraría como un abuso de poder, fuera de lo que prevé el instituto de la probation. De esta forma, el juicio continuará contra González, acusado por el delito de falsificación de documentos.
Así las cosas, el juicio continúa respecto de González y de la escribana Ivana Ladner, que era quien certificaba los papeles de los autos, compradores y vendedores.
Organización delictiva. El caso se remonta al año 2008. La sospecha es que existía una organización dedicada a la compraventa de vehículos con papeles adulterados. En esa estructura, De Diego surge como el punto en común que aparece entre los distintos integrantes. De hecho, la causa llegó a tener nueve personas imputadas, pero seis recibieron la suspensión del juicio a prueba antes del juicio y ahora el tribunal oral concedió el beneficio a De Diego.
En sede judicial se comprobaron 18 hechos de estafas, después de que se comprobara que los vehículos tenían numeración de chasis adulterada, motores denunciados como robados a otros vehículos, chapas patentes falsas, rodados cuya numeración de motor y chasis no coincidía con la que figuraba en la Cédula de Identificación del Automotor, también se verificó en algún caso que los equipos de GNC que tenían los vehículos eran robados, entre otras irregularidades.
A lo largo de la investigación judicial, se pudo comprobar que De Diego oficiaba, en algunas oportunidades, como “conector” entre los otros imputados y, a su vez, entre algunos de ellos y los verificadores de la Policía de Entre Ríos.
A su vez, los policías –y la propia escribana Ladner– aportaban con su intervención conjunta un marco de aparente legalidad frente a quien a la postre adquiría el rodado, de acuerdo a la acusación que se formuló en sede judicial.
