Este martes los diputados entrerrianos intentarán tratar sobre tablas el polémico proyecto que en sesión express aprobó el senado el pasado 29 de diciembre. Concretamente la iniciativa propone "autorizar al Poder Ejecutivo a celebrar con China State Construction Engineering Corporation LTD un contrato de obra pública con el objeto de ejecutar las obras denominadas Acueducto del Norte Entrerriano-La Paz-Estacas y Sistematización y Distribución de Agua para riego-Mandisoví Chico".
El texto habilita la posibilidad de realizar las operaciones de crédito por hasta la suma de USD 430.387.551, con más los intereses necesarios para financiar la construcción de las obras mencionadas, con los bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República de China.
La Fundación Mbiguá Ciudanía y Justicia Ambiental ya había alertado sobre la falta de transparencia e información acerca del proyecto en el cual no están claros, ni siquiera, los beneficiarios, aunque se trata del mayor endeudamiento en el que se embarcaría el gobierno provincial.
"La transparencia de los actos de gobierno es uno de los pilares esenciales de la democracia. La Constitución Provincial es más que clara en por lo menos diez de sus artículos[1]. Cómo vamos a conversar, debatir y soñar una provincia, si no sabemos como sociedad qué se quiere hacer con la tierra y sus aguas, simplemente porque los proyectos de acueductos y sus estudios completos, no son accesibles o disponibles al público", señaló Jorge Daneri, abogado y miembro de la fundación.
En ese sentido, Daneri expresó que "se nos niega formalmente acceder al conocimiento de dos instrumentos relevantes: lo firmado con el Estado Chino y sus corporaciones, previo al proyecto de Ley que autoriza la construcción de los dos acueductos en el Norte de la Provincia y los estudios de impacto ambiental que deban existir para poder habilitar la firma de un contrato de semejante escala financiera y obra a ejecutar".
El especialista explicó, en esa dirección, que los estudios de impacto ambiental son legalmente exigibles y necesariamente públicos, "porque deben ser evaluados por la autoridad ambiental competente conforme el Decreto (PEP) 4977/09, del 11/12/2009. B.O.: 21/12/2009, que establece la reglamentación del proceso de Estudio de Impacto Ambiental; la Constitución de la Provincia y el sistema de la legislación de presupuestos mínimos ambientales nacional".
En efecto, alertó Daneri, los estudios de impacto ambiental deben ser aprobados por resolución del área ambiental y decreto del Gobernador y sus ministros, por lo menos Producción y Economía.
"Pero lo más importante es el proceso de los estudios que obligan a facilitar toda la documentación de los proyectos, acceder con total libertad y amplitud al conocimiento de los mismos, debatirlo en las audiencias públicas necesarias, recibir formalmente las observaciones e impugnaciones que se les formulen y fundar técnica y jurídicamente las respuestas a las mismas y los actos administrativos de aprobación o rechazo de los proyectos".
Por otra parte, argumentan desde Mbiguá, si Entre Ríos quiere mantener alguna coherencia respecto a procesos anteriores como el debate ambiental frente a la instalación de Botina a la vera del río Uruguay, hay otros aspectos a tener en cuenta.
"En el escenario territorial de utilización como fuente de agua al río Uruguay para abastecer un potencial acueducto de la escala propuesta y los montos de inversión diseñados, necesita la intervención de la Comisión Administradora de Salto Grande y Comisión Administradora del Río Uruguay, al menos si Entre Ríos quiere ser coherente con lo que escribió en la demanda, alegatos y defensas frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya".
En otro orden, Mbiguá demanda que se descorra el velo que oculta la iniciativa desde su concepción. “Muchos de los datos que hoy reclamamos y que son necesarios conocer para tomar una decisión seria sobre la obra planteada por el ejecutivo no están en manos de nuestros legisladores, y quizás ni siquiera en el propio poder ejecutivo provincial”, señaló Diego Rodríguez, director Ejecutivo de la fundación.
En ese sentido, Rodríguez enfatizó que “no hay ninguna explicación aún respecto del extraordinario aumento del presupuesto de la obra de 92 a 450 millones de dólares y mucho menos de cuál es la razón por la cual se toma un crédito a una tasa de 4.5 mas libor con un interés punitorio del 2% anual cuando el propio BID otorga a Paraguay créditos para infraestructura al 0,25%” [2].
