Vecinos de Rosario derriban un búnker tras un asesinato

Este hecho se produjo tres días después de que el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, formalizó el retiro de los 2000 gendarmes que habían desembarcado en esta ciudad el 9 de abril pasado, cuando en el contexto del denominado Operativo Rosario se allanaron 89 búnkeres de la zona sur.

El repliegue de las fuerzas federales desató fuertes críticas de la intendenta Mónica Fein y dejó un clima de incertidumbre sobre el futuro de la seguridad en la zona. En reemplazo de los gendarmes, el gobierno santafecino destinó a 750 efectivos de la Policía de Acción Táctica, PAT.

Rosario terminó el año con 247 homicidios dolosos, una estadística que la sitúa por encima de otras ciudades del país, aunque se quebró la tendencia de crecimiento respecto de 2013, cuando hubo 264 asesinatos. El retiro de la Gendarmería de los barrios más complejos encendió la preocupación de las autoridades locales, luego de que 2015 empezó con cuatro asesinatos en seis días.

La zona de Teniente Agnetta y Casilda, en pleno barrio Ludueña, estaba desierta de policías a las 14, cuando Damián Gómez, de 20 años, recibió tres disparos mortales. Lo trasladaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde falleció unos minutos después. Gómez cayó herido a metros de una casa precaria donde los vecinos denunciaron que se vendía cocaína.

Según fuentes judiciales, el asesinato fue producto de viejas disputas vinculadas con la comercialización de drogas. El hombre que disparó contra el joven de 20 años, que vivía en un asentamiento precario a unas cuadras de allí, lo hizo desde dentro de su vivienda, a la vista de los vecinos, que salieron a la calle cuando escucharon los gritos y los tiros.

La gente de la zona comenzó a acercarse con indignación al saber del asesinato de Gómez. Y ante la ausencia de la policía la situación se desbordó cuando un grupo de jóvenes empezó a destruir la casa del supuesto asesino.

Con martillos y mazas hicieron un agujero en la pared e ingresaron en la casa, que saquearon completamente. Se llevaron electrodomésticos e incluso drogas que el supuesto asesino vendía en el lugar, según relataron varios vecinos. Pero la tensión en el barrio fue en aumento cuando aparecieron jóvenes en dos motos que dispararon contra los saqueadores. "Son los soldaditos", dijo una mujer, mientras trataba de resguardarse de los tiros.

Los periodistas y el fiscal Adrián Spelta buscaron cómo refugiarse, aunque no tenían muchos lugares para elegir. En ese momento los únicos uniformados que estaban en el lugar eran los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), que se trasladaban en una combi negra.

Esos efectivos, que actúan con la Fiscalía Regional, se apartaron del lugar conflictivo, también para protegerse. Pero a los hombres que iban armados no les interesó demasiado y pasaron disparando al lado del fiscal y de los miembros de los miembros de la PDI.

"Es muy complicada la situación y muchas veces vamos a investigar un homicidio y nos volvemos con dos", graficó Spelta, quien admitió la ausencia de las fuerzas de seguridad en el lugar cuando se gestaron los enfrentamientos. Fuentes judiciales informaron que la Patrulla Urbana y la Policía Motorizada habían ido a buscar refuerzos en ese momento.

El derrumbe de los búnkeres y de los lugares de venta de drogas como forma de venganza ante un crimen es una metodología que se repitió en esta ciudad durante los últimos dos años, cuando se multiplicaron estos puestos de venta de estupefacientes. Los búnkeres se transformaron en un símbolo de impunidad porque se comercializaba droga a la vista de todos, incluso de la policía, que muchas veces -como quedó demostrado en varias investigaciones judiciales- era un engranaje fundamental que garantizaba su funcionamiento. Desde el gobierno llegaron a calcular que había unos 300 búnkeres, pero después de la llegada de las fuerzas federales este tipo de venta de drogas cambió a la modalidad del delivery.

Hasta anoche, la policía no había logrado apresar al dealer acusado de asesinar a Gómez. Los investigadores se abocaron a interrogar a testigos para tratar de establecer quién pudo haberle dado refugio.

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