La Ley Provincial 10.329, conocida como ley de Narcomenudeo es incostitucional en la medida que desde una instancia con competencia delegada y subordinada a la Federal divide el procedimiento en dos fueros diferentes, bajo dos jueces diferentes y bajo dos leyes de procedimientos diferentes.
El fallo del Juez Federal Ríos, lejos de afectar la lucha contra el narcotráfico, anticipa y da la posibilidad de evitar futuras nulidades y declaraciones de inconstitucionalidad sobre procedimientos judiciales realizados bajo la Ley 10.329, posibilitando a su vez una aplicación mas eficiente de los esfuerzos y recursos institucionales en la lucha contra el narcotráfico.
En vez de atacar un fallo razonable y coherente, es conveniente repensar y adecuar la Ley ala Constitución Nacional, organizando una estrategia eficiente en la persecución del delito.
La estrategia en la persecución del Narcomenudeo no puede pasar por alto la experiencia de otras provincias que han tenido pésimos resultados en este asunto, logrando un agravamiento del problema en vez de una solución.
Es tan imperativo perseguir el Narcomenudeo como establecer controles en la fuerza policial que garanticen una persecución eficiente, y eviten el empoderamiento del negocio ilícito por parte de un Sector de la Fuerza Policial.
Toda forma de control sobre la Policía de la Provincia en un asunto tan delicado como la persecución del Narcomenudeo demanda un esquema de control administrativo transparente y externo a la fuerza policial misma.
Mas allá de la incostitucionalidad de la Ley, es valorable el esfuerzo y la decisión provincial de perseguir el narcomenudeo al interior de la provincia.
