En una presentación de cinco carillas, Barcesat sostiene que "ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional" de proponer al candidato a ocupar la vacante que dejará Zaffaroni.
En efecto, el magistrado dejará su cargo en diciembre por lo que la Corte quedará con cuatro miembros, cuando la ley exige cinco. Ante esta situación, el kirchnerismo confirmó que buscará designar su reemplazo pero la oposición promete no ayudarlo: como el oficialismo no reúne los dos tercios necesarios en el Senado para designar un nuevo juez, la resistencia opositora hará que el cargo quede vacante. Para el arco opositor, el nuevo juez debe ser designado por el próximo gobierno.
Barcesat entiende que se está frente a un "alzamiento público para impedir la ejecución de leyes nacionales" y sostiene que "no hay ningún espacio en la dogmática jurídica que pueda dar sustento al obrar descripto" ya que "las vacancias son para ser cubiertas no para convertirse en escenario de impedimento de la integración de otro de los poderes que conforman el gobierno federal".
El abogado añade que "la conducta denunciada es igualmente lesiva de las disposiciones que conforman el carácter representativo" del gobierno federal y "denigra la jerarquización constitucional de los partidos políticos que son instituciones fundamentales del sistema democrático".
"Nadie que, en papel milimetrado, se hubiese propuesto diseñar un acto afectatorio de la institucionalidad podría haber superado el oprobio de este obrar", enfatiza al tiempo que añade que "peor aún, intenta oscurecer el carácter delictivo del obrar con la falsa invocación de proteger la independencia del Poder Judicial de la Nación".
