Durante más de dos horas -según se pudo establecer- el analista señalado como responsable del hecho repasó con lujo de detalle sus antecedentes profesionales acompañado del abogado defensor Leopoldo Lambruschini. “Reconoció que ejerció durante muchos años sin haber estado matriculado, pese a ser psicólogo, pero que nunca hizo los trámites correspondientes. Lo hizo después de todo este evento escandaloso, que le valió que lo echaran del Superior Tribunal de Justicia”, informó el querellante Marcos Rodríguez Allende.
Respecto de la certificación requerida para desempeñarse como psiquiatra, Marín acreditó con una vasta documentación que durante un largo período realizó jornadas académicas que son propias de la especialidad, pero explicó que tampoco poseía el certificado emitido por parte del Ministerio de Salud. “Consideró que es una exigencia formal, que éticamente puede ser reprochable y que realizó su preparación en distintos países para ser psiquiatra”, aportó Rodríguez Allende. En líneas generales, el médico ocupó buena parte de su tiempo en su alocución ante el juez que entiende en la causa en demostrar sus antecedentes académicos. Fundamentó esta posición mencionando la realización de cursos, congresos y otras actividades en diferentes países. “Nadie niega estos antecedentes, pero tienen que estar refrendados por un órgano de control, que es el Ministerio de Salud, te guste o no te guste”, se alegó desde la defensa.
Una declaración que lo complica
Como parte de esta misma causa, la semana pasada declaró una representante del Ministerio de Salud, respecto de las habilitaciones de la matrícula. La empleada estatal reforzó con sus dichos lo que la defensa plantea desde un principio: ninguna persona que no posea el certificado otorgado por Salud puede ejercer como psiquiatra. “Descartó que Marín haya cumplido con la especialidad para otorgar ese certificado”, informó el penalista. Pese a las imputaciones en su contra, Marín seguiría ejerciendo como psicólogo -ahora con la matrícula habilitante- y como psiquiatra, pero incurriendo en la ilegalidad.
Auto de procesamiento
Luego de la declaración del expsicólogo del Juzgado de Ejecución de Penas, la defensa definió los pasos a seguir. “Nosotros vamos a pedir en la semana que se dicte el auto de procesamiento, por utilizar títulos que no tiene, más allá de que expuso los congresos que pudo haber hecho y se pedirá que se profundice sobre la mala praxis. Además se solicitará que se efectúe la pericia médico legal, para profundizar no solo sobre este aspecto, sino también por una supuesta mala praxis”, sentenció el letrado.
Cabe recordar que esta medida probatoria está pendiente desde 2013, en función de esclarecer los motivos de la muerte de Eyssartier en su domicilio el 31 de diciembre de 2012. Se tratará de determinar qué medicamentos le suministraron a la víctima durante su tratamiento, que según aseguran familiares lo condujeron a un lento deterioro y a su posterior muerte. “El Superior Tribunal de Justicia no avaló su continuidad en el Juzgado de Ejecución de Penas. De alguna manera, el Poder Judicial reconoció una suerte de propio error. Él justificó que desde la Justicia solo le pidieron como exigencia el certificado de psicólogo, que no era necesario estar matriculado ni nada. Al conocerse este escándalo, le soltaron la mano y lo sacaron”, aseveró.
A poco de cumplirse dos años de la muerte del joven, su familia persiste en el reclamo de justicia, por entender que Marín desoyó varias señales que dio Horacio y que pudieron evitar el peor final. El 4 de noviembre, fecha en que se fijó la primera audiencia para que el analista declarara en calidad de imputado y que luego se canceló, sus allegados junto a integrantes de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer) se manifestaron en la explanada de Tribunales. Allí hicieron notar su descontento por el lento avance de la causa, poniendo de manifiesto la gravedad institucional que representa el caso, dado que el médico era quien evaluaba si correspondía una salida laboral o condicional a una persona condenada que se encuentra en prisión.
