El Frente de Izquierda redobló la apuesta del kirchnerismo por la reforma petrolera y presentó un polémico proyecto de ley para estatizar toda la industria hidrocarburífera, sin indemnización, y ponerla bajo control de los trabajadores.
La iniciativa fue presentada en una conferencia de prensa en el Congreso por los diputados Nicolás del Caño (Mendoza-PTS) y Pablo López (Salta-PO), del interbloque FIT, acompañados por la senadora mendocina Noelia Barbeito y el ex diputado neuquino y obrero de Zanón Raúl Godoy.
Allí los diputados denunciaron que la reforma impulsada por la Casa Rosada y las provincias petroleras “generaliza el acuerdo entreguista con Chevrón a los próximos acuerdos con empresas petroleras”.
Sorpresivamente, la iniciativa recogió el respaldo del diputado Josué Gagliardi, del Frente para la Victoria de Río Negro. También lleva la firma de Néstor Pitrola (PO).
El proyecto del FIT propone la expropiación del 49 por ciento de las acciones de YPF para que sea completamente estatal. En sintonía con ello, establece la anulación, sin indemnización, de todas las concesiones de explotación y exploración de petróleo y gas, para que queden bajo la órbita de la nueva YPF.
Más aún, la iniciativa expropia la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, tanques cisternas, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de empresas petroleras que operen en Argentina y ocupen más de 100 trabajadores.
Por otro lado, el proyecto crea un Consejo General de la Industria Hidrocarburífera encargado de planificar, ejecutar y controlar todas las actividades relacionadas al sector. El ente estará integrado por obreros y empleados petroleros y contará con representantes de pueblos originarios, ambientalistas y habitantes de las localidades con yacimientos de hidrocarburos.
Por otra parte, se establece que los yacimientos situados en Argentina pertenecen al “patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional”.
Finalmente, la iniciativa establece que el Estado nacional y las provincias deberán destinar los recursos obtenidos por la explotación de hidrocarburos a inversiones en educación pública, en salud, en construcción de viviendas, en obras públicas, y en investigación sobre el desarrollo de energías renovables y sobre el impacto ambiental de las actividades hidrocarburíferas.
