En la conferencia de prensa estuvieron presentes los diputados Diana Conti, Juan Carlos Junio, Carlos Raimundi, Alex Ziegler y Edgardo Depetri, entre otros
El presidente de APYME, Eduardo Fernández, enfatizó que los proyectos en tratamiento constituyen "herramientas esenciales para que el Estado cumpla el rol que un mercado altísimamente concentrado no cumple, es decir, el de asegurar la competitividad para todos los actores y proteger a los más débiles, los consumidores, los trabajadores y las Pymes”.
Las entidades que conforman el espacio del empresariado nacional son: APYME, Asociación Pyme, CEEN, CGE, CGERA y Fedecámaras.
El empresariado nacional apoya las leyes que defienden a los consumidores y a las Pymes
Como representantes del conjunto del empresariado nacional que produce, invierte y confía en el país, nos pronunciamos en apoyo de los proyectos que se tratan en Diputados para sancionar las leyes de defensa del consumidor y de regulación de las relaciones de producción y consumo.
La modificación de la Ley de Abastecimiento, la creación de un fuero del consumidor y de un observatorio de precios buscan proteger a los eslabones más débiles de la cadena productiva, trabajadores, consumidores y Pymes, del accionar de las grandes corporaciones monopólicas y oligopólicas que abusan de su posición dominante en el mercado, fijando precios y condiciones.
Creemos que estas iniciativas son coherentes con una política de Estado que da pelea a los buitres de afuera y nos protege de los “caranchos autóctonos”, los que nos quieren comer desde adentro, defendiendo el mercado interno y el trabajo con el objetivo de seguir desarrollando una Argentina diferente, más equitativa y justa.
Se trata de proteger a los dos extremos de la cadena que sufren abusos, los productores y los consumidores, poniendo un freno a la ganancia excesiva de las grandes empresas, que crecen en base al sacrificio de todo el pueblo, abusando de su posición dominante y del bolsillo de los argentinos.
Las Pymes sufrimos la cartelización y la concentración por parte de los monopolios u oligopolios que nos proveen las materias primas para producir bajo imposición de condiciones y de precio, como en los casos de las grandes empresas de cemento, aluminio o acero. En consecuencia, los márgenes de rentabilidad se achican para quienes tenemos menor poder de negociación, a pesar de constituir el 90 por ciento de las unidades productivas. De allí que deba existir un control por parte del Estado, aplicando una política que no permita que el esfuerzo del conjunto de la población lo disfrute sólo una minoría de grandes corporaciones.
Muchos dirigentes de grandes corporaciones, aunados con intereses transnacionales, dicen representar a las Pymes, pero no es así; sólo encarnan intereses concentrados que pretender volver a obtener las ganancias extraordinarias que siempre tuvieron, exigiendo que el Estado no intervenga equitativamente en los mercados, no controle las operaciones financieras y cambiarias, y se quede con los brazos cruzados ante las ambiciones desmedidas de los grupos de poder locales y extranjeros.
El desarrollo económico y social no puede dejarse en manos de sectores que tradicionalmente se han beneficiado de la dependencia, la falta de protección local, la especulación, la venta del patrimonio nacional y la subordinación a los centros del poder económico globalizado.
Por estos motivos, hoy nos encontramos en el Parlamento para apoyar e impulsar la sanción de una normativa de que se ubica claramente del lado de las Pymes y los intereses del conjunto de la ciudadanía.
Debemos juntar nuestras fuerzas los empresarios, los trabajadores y todos los sectores de la población para que se defienda, no a un gobierno, sino a un proyecto nacional inclusivoque va más allá de las administraciones, porque es nuestro, de todo un Pueblo.
